**Las defensas han promovido al menos 15 amparos, sin lograr suspensiones definitivas**
**Además, la detención temporal de uno de los policías imputados por tortura refleja el seguimiento de la FGR**
Nadia Enríquez
Puebla, Pue.
Si usted recuerda el caso de las periodistas detenidas en Izúcar de Matamoros, ocurrido en marzo del 2023, sabrá que el proceso judicial aún no ha concluido. Si no, aquí le damos a conocer el contexto.
Un caso que marcó al periodismo en Puebla
La noche del 10 y la madrugada del 11 de marzo del 2023, las comunicadoras Natalie y Michelle Hoyos López, fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal, tras realizar una cobertura periodística en actividades relacionadas con el “Día Internacional de la Mujer”.
De acuerdo con el testimonio de las víctimas y las investigaciones posteriores, las periodistas habrían sido interceptadas por patrullas municipales cuando se retiraban del lugar junto con otras mujeres. Según lo que han referido públicamente, fueron bajadas de su vehículo y trasladadas a instalaciones de Seguridad Pública municipal.
Posteriormente, denunciaron haber sufrido agresiones físicas, amenazas y tocamientos lascivos durante su detención. Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Dentro de la investigación se aplicó el “Protocolo de Estambul”, mecanismo internacional utilizado para documentar posibles actos de tortura y malos tratos.
Dos procesos judiciales y delitos investigados
Las investigaciones federales derivaron en dos procesos judiciales relacionados entre sí. Por un lado, seis personas fueron vinculadas a proceso por el presunto delito de tortura: cinco policías municipales que participaron en la detención y un ex juez calificador, que se encontraba en el lugar de los hechos.
Dentro de la investigación también se contempla el presunto delito de abuso de autoridad, relacionado con las acciones ocurridas durante la detención.
Referente al caso del ex juez calificador, además enfrenta una acusación por supuesta “usurpación de funciones”, debido a que presuntamente firmó documentos oficiales sin contar con la cédula profesional correspondiente al cargo.
De manera paralela, once funcionarios municipales —entre policías y personal administrativo—, fueron vinculados a proceso por presunta falsificación de documentos y declaraciones relacionadas con la detención de las periodistas.
De acuerdo con la asesoría jurídica particular de las víctimas, estas presuntas irregularidades habrían ocurrido posteriormente a los hechos denunciados.
Medidas cautelares y cambios en el proceso
El proceso judicial avanzó gradualmente durante los meses posteriores a la denuncia presentada en 2023. Las vinculaciones a proceso se realizaron durante 2024; sin embargo, en un primer momento, las personas imputadas enfrentaban el proceso en libertad bajo ciertas restricciones.
Entre las medidas cautelares se establecieron la prohibición de acercarse a las víctimas, la obligación de firmar periódicamente ante autoridades judiciales, y restricciones para salir del estado. La Fiscalía General de la República (FGR) y la asesoría jurídica de las víctimas impugnaron dichas medidas, al considerar que existían riesgos dentro del proceso.
Tras la revisión del caso, un tribunal federal del Sexto Circuito determinó en 2025 modificar las medidas cautelares, e imponer prisión preventiva para las personas imputadas por el presunto delito de tortura. Desde entonces, la defensa ha usado de manera excesiva amparos que protejan a los señalados de ser encarcelados.
Amparos y una batalla legal prolongada
El proceso ha estado marcado por múltiples recursos legales. De acuerdo con la asesoría jurídica particular de las víctimas, al menos 15 amparos han sido promovidos por las defensas de las personas imputadas, además de diversas revisiones judiciales.
Estos recursos han generado suspensiones temporales, mientras los tribunales revisan cada resolución, lo que ha prolongado el proceso durante meses.
No obstante, hasta el momento ningún órgano judicial ha concedido suspensiones definitivas a favor de los imputados. Cada uno de los amparos presentados ha sido finalmente negados, aunque su trámite ha abierto nuevas etapas dentro del proceso judicial.
Durante este periodo también se registraron acciones relevantes. En uno de los momentos del proceso, uno de los policías imputados por tortura fue detenido y trasladado a un centro penitenciario, donde permaneció algunos días.
Posteriormente recuperó su libertad, mientras continúan las revisiones judiciales relacionadas con los recursos legales promovidos dentro del caso.
Un hecho que marcó el proceso
En el 2024, Socorro Barrera Sánchez —quien había aportado información dentro de las investigaciones relacionadas con el caso—, fue privada de la vida en un hecho violento. Tras lo ocurrido, se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), para esclarecer las circunstancias del crimen.
De manera extraoficial, personas cercanas al caso señalaron que Barrera Sánchez conocía información sobre presuntas irregularidades dentro del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, no sólo vinculadas al caso de las periodistas, sino también a otros hechos que, indicaron, aún no han salido a la luz.
A partir de entonces, activistas, las propias periodistas y familiares de la víctima, han insistido en la necesidad de que el caso sea investigado a fondo y se esclarezcan los motivos de lo ocurrido.
El papel de la ex presidenta municipal
Dentro de las investigaciones también aparece mencionada la ex presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres. La exfuncionaria fue vinculada a proceso por el presunto delito de intimidación contra una testigo relacionada con el caso.
De acuerdo con la investigación federal, presuntamente habría intentado influir para que una persona no declarara dentro del proceso judicial. Asimismo, enfrenta una denuncia por su presunta participación en la falsificación de documentos relacionados con la detención de las periodistas.
En una audiencia previa, un juez determinó no vincularla a proceso por ese delito; sin embargo, la resolución fue impugnada por la Fiscalía General de la República y por la asesoría jurídica de las víctimas, por lo que el tema continúa en revisión judicial.
Un caso con impacto en derechos humanos
Durante estos tres años, el caso ha sido acompañado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Entre ellos, se encuentran Artículo 19, la Federación Internacional de Periodistas y la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas.
Los especialistas puntualizaron que el proceso podría representar un precedente importante en Puebla, en materia de violencia institucional contra periodistas y mujeres.
