Con 881 cargos entre ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces que fueron electos el pasado 01 de junio mediante voto popular en el inédito proceso electoral extraordinario 2024 – 2025, se encuentran preparados para asumir funciones en el Poder Judicial de la Federación tras rendir protesta en el Senado de la República.
Mafer Muval / Nacional
Dicho acto se realizará 01 de septiembre y será por bloques en el salón de sesiones de la Cámara Alta, reuniendo a representantes de distintas sedes como Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Toluca y la Ciudad de México. Todo esto tratándose de una de las transformaciones más relevantes en la estructura judicial del país en los últimos años.
Además, la reforma modifica de manera significativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pasará de 11 a 9 integrantes. Asimismo, el tiempo en el cargo se reducirá de 15 a 12 años, lo que busca agilizar la renovación y fortalecer la legitimidad del máximo tribunal; aunque igualmente, con estos ajustes, se pretende dar paso a un esquema más compacto y eficiente en la impartición de justicia.
Otro de los cambios clave es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, teniendo como base el indagar y sancionar irregularidades cometidas por miembros del nuevo equipo legislativo, reforzando así los mecanismos de control interno y la transparencia en el ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, los ingresos y las nuevas disposiciones establecen que jueces y magistrados recibirán una remuneración justa y que no se podrá alterar bajo ningún motivo; sin embargo, en ningún caso podrá superar el salario del titular de la Presidencia de la República. Esto con el propósito de eliminar privilegios que antes generaban fuertes críticas.
En conjunto, estas modificaciones representan un rediseño profundo del sistema judicial mexicano y que será puesto a prueba en los siguientes años. No obstante, no solo se ajustan las reglas de permanencia y número de ministros, sino que también se instauran mecanismos de vigilancia y control para garantizar un servicio más equitativo, transparente y cercano a las demandas de los ciudadanos.
