La propuesta de ley de la Guardia Nacional, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece nuevas atribuciones que incluyen la intervención de comunicaciones privadas, siempre bajo autorización judicial, con el objetivo de combatir delitos graves.
El Congreso de la Unión analiza una reforma propuesta por el Ejecutivo que permitirá a la Guardia Nacional interceptar llamadas telefónicas y otros tipos de comunicación privada, siempre y cuando cuenten con la autorización de un juez. Esta medida busca prevenir y combatir delitos como el tráfico de armas, corrupción de menores, desaparición forzada y otros actos vinculados a la delincuencia organizada.
La iniciativa detalla que estas acciones deberán regirse por principios de legalidad, objetividad, y respeto a los derechos humanos, garantizando que los datos obtenidos de forma irregular no serán admisibles como prueba en procedimientos legales. Además, la Guardia Nacional podrá recabar información en lugares públicos para generar inteligencia preventiva, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas.
Entre otras disposiciones, el documento señala que concesionarios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar información de geolocalización de equipos móviles en tiempo real cuando sea solicitado por el Ministerio Público, con el propósito de prevenir delitos y garantizar la seguridad de la población.
Esta propuesta también refuerza la colaboración entre la Guardia Nacional y los gobiernos locales mediante convenios específicos, asegurando que las entidades presenten informes sobre sus avances en seguridad pública. Según la administración federal, estas medidas son esenciales para preservar la paz y proteger a la ciudadanía.
