**El caso ha sacudido a la opinión pública al confrontar la violencia del crimen organizado con la desesperación de una comerciante sometida durante años a extorsión**
Abraham Onofre / Información nacional.
Autoridades capitalinas detuvieron a Rosa N., vendedora ambulante de tamales, quien es investigada por su presunta responsabilidad de privar de la vida a 12 personas vinculadas con el grupo delictivo conocido como la Unión Tepito. De acuerdo con información preliminar, los hechos estarían relacionados con un prolongado esquema de extorsión del que la mujer habría sido víctima.
Según las primeras indagatorias, Rosa N. era obligada a entregar una cuota semanal de aproximadamente mil 200 pesos como parte del llamado “cobro de piso”, condición impuesta para permitirle continuar con su actividad comercial. La presión constante y las amenazas habrían derivado en una reacción que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades.
Las líneas de investigación señalan que la mujer presuntamente aprovechó su actividad para acercarse a los integrantes del grupo criminal, quienes habrían consumido alimentos elaborados por ella en distintos momentos, lo que posteriormente derivó en su fallecimiento. Las autoridades no han detallado públicamente los métodos utilizados, a fin de no entorpecer el proceso legal.
El caso ha generado una intensa polarización social. Mientras familiares de las personas fallecidas exigen que se aplique la ley con rigor y se castigue el multihomicidio, diversos sectores de la sociedad han manifestado su respaldo a la comerciante, a quien consideran una víctima de la extorsión y de la falta de condiciones de seguridad.
El Ministerio Público confirmó que Rosa N. enfrenta cargos por homicidio múltiple. Debido a la gravedad del caso y al número de víctimas, las sanciones contempladas por la legislación vigente podrían representar una pena acumulada de varias décadas de prisión.
El proceso judicial continúa en curso. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para integrar la carpeta correspondiente y definir la situación jurídica de la imputada, en tanto se establece la fecha para el inicio formal del juicio.
