**Los inmigrantes son tratados peor que criminales, en una política que desangra la dignidad y la economía de Estados Unidos**
Michelle López
Información internacional.
Una serie de redadas migratorias ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), sacudió el pasado viernes 6 de junio a la comunidad latina en la ciudad de Los Ángeles, California.
Con la participación de agencias federales como el FBI (Buró Federal de Investigaciones), la DEA (Administración de Control de Drogas), y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes fuertemente armados realizaron detenciones en zonas habitadas principalmente por inmigrantes mexicanos y centroamericanos, sin órdenes judiciales, utilizando gases disuasivos y tácticas de fuerza extrema.
De acuerdo con activistas y organizaciones de derechos humanos, al menos 45 personas fueron arrestadas, la mayoría de ellas trabajadores sin antecedentes criminales. Los hechos ocurrieron en vecindarios como “Westlake” (zona de alta densidad migrante), en las afueras de tiendas como “Home Depot”, y en el “Distrito de la Moda” (Fashion District), una zona industrial y comercial, donde laboran miles de gentes indocumentadas.
“Esto no es seguridad, es terrorismo de Estado”
Ron Góchez, líder de “Unión del Barrio”, un colectivo de defensa de los derechos de los migrantes latinos, denunció que los operativos comenzaron desde temprano, a las 7 de la mañana, y que incluso hubo presencia de agentes cerca de escuelas primarias. “Lo que estamos viendo es un ataque armado y terrorista. No exageramos: buscan infundir miedo para paralizar a comunidades enteras”, señaló.
Activistas de organizaciones como “CHIRLA” (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles) y “Carecen” (Centro de Recursos Centroamericanos), reportaron redadas dentro de empresas textiles como “Ambiance”, donde agentes federales ingresaron sin presentar ninguna orden judicial.
Martha Arévalo, directora de “Carecen”, denunció: “No tenían ningún ‘warrant’ (orden judicial), ningún permiso. Simplemente entraron, arrestaron a 20 o 30 personas, trabajadores que estaban cumpliendo su jornada”.
Una comunidad bajo ataque
Imágenes difundidas por medios locales como “KTLA” mostraban a activistas siendo empujados al suelo, y a decenas de trabajadores subidos a camionetas blindadas. Las autoridades utilizaron granadas aturdidoras (artefactos no letales que emiten luz y sonido para desorientar), y se desplegaron con uniformes camuflados, como si se tratara de una operación militar.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró sentirse “profundamente indignada”, y denunció que las tácticas utilizadas por ICE “siembran el terror en nuestras comunidades y perturban los principios básicos de seguridad en nuestra ciudad”.
Bass, quien ha promovido políticas de inclusión y refugio para migrantes, dijo estar trabajando con defensores de derechos humanos para brindar apoyo a las personas afectadas.
Una manifestación fue convocada esa misma noche frente a la cárcel migratoria del centro de Los Ángeles, ubicada a pocas cuadras del edificio del Ayuntamiento, como respuesta a lo que muchos consideran la mayor redada, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de este año.
Las políticas de Trump: una herida autoinfligida a EU
El presidente Donald Trump, en su segundo mandato, ha endurecido las políticas migratorias, prometiendo “mano dura” y 3 mil deportaciones diarias. Esto ha implicado la militarización de ICE y la reinstalación de operativos que no distinguen entre criminales y trabajadores.
Paradójicamente, estas políticas han comenzado a tener efectos negativos para la economía estadounidense, que sufre una inflación creciente (aumento generalizado y sostenido de precios), y una escasez crónica de mano de obra.
Según el “Migration Policy Institute”, los inmigrantes representan al menos el 17% de la fuerza laboral, desempeñándose en áreas esenciales como construcción, agricultura, salud, limpieza y servicios.
La expulsión masiva de estos trabajadores, no solo afecta sus derechos humanos, sino también agrava la fragilidad económica del país. Mientras se invierten millones en persecución y detención, empresas sufren retrasos, falta de personal y encarecimiento de operaciones.
Respuesta internacional: México activa apoyo consular
Ante los hechos registrados, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, activó su protocolo de emergencia consular para proteger a las y los ciudadanos mexicanos afectados en Los Ángeles.
La SRE puso a disposición los números de emergencia del Consulado General de México en Los Ángeles, para cualquier connacional que requiera asistencia o protección: 213 219 01 75, y del CIAM (Centro de Información y Asistencia a Mexicanos): 520 623 78 74.
Estas líneas de atención funcionan las 24 horas, para brindar orientación, ayuda legal y acompañamiento a migrantes detenidos y sus familias.
Estados Unidos enfrenta hoy una encrucijada. Mientras su economía y sociedad dependen del trabajo de los migrantes, el gobierno los criminaliza y persigue.
En nombre de una supuesta seguridad, se han roto los límites del respeto a los derechos humanos, se ha erosionado el Estado de derecho, y se ha sembrado el miedo entre quienes solo buscan una vida digna.
Como escribió el académico David Hernández, autor del libro “Undue Process: Immigrant Detention and the Limits of American Democracy” (Proceso indebido: la detención de inmigrantes y los límites de la democracia estadounidense), “ICE opera como una fuerza de represión sin supervisión real. Las redadas son un espectáculo de poder que destruye más de lo que protege”.
Hoy, más que nunca, el llamado a la conciencia internacional y la resistencia comunitaria es urgente. Porque ningún país puede construirse sobre el miedo, la hipocresía y la negación de la humanidad.
