Las condenas de internamiento y libertad asistida, así como el monto de reparación económica, generaron inconformidad en la familia de la víctima.
Abraham Onofre / Nacional
El juzgado del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en Sonora dictó sentencia contra dos menores de edad responsables del feminicidio de Leyla Monserrat, una joven de 15 años, ocurrido en septiembre de 2025 en el municipio de General Plutarco Elías Calles. Las penas impuestas y la compensación económica establecida han provocado el rechazo de los familiares de la víctima.
De acuerdo con la resolución judicial, una de las agresoras, de 15 años, recibió una condena de 2 años y 10 meses de internamiento. La segunda involucrada, de 13 años, fue sentenciada a 11 meses de libertad asistida.
Asimismo, el tribunal fijó un monto de 5 mil 677 pesos como reparación del daño moral. Carmen Angélica Becerra, madre de Leyla, calificó esta cifra como insuficiente, señalando que el monto no cubre los gastos funerarios que ascendieron a más de 30 mil pesos.
Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, luego de que la víctima fuera citada por las ahora sentenciadas. Las investigaciones y un video grabado por las agresoras confirmaron que Leyla fue inmovilizada y privada de la vida por asfixia mecánica. Posteriormente, el cuerpo fue ocultado en el patio de un domicilio, donde fue localizado una semana después.
Las autoridades determinaron que el móvil del crimen estuvo relacionado con conflictos personales y acoso previo. Aunque inicialmente se investigó la participación de un adulto, la evidencia señaló a las dos menores como las autoras materiales del delito.
Bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las penas máximas de internamiento están limitadas a cinco años, priorizando la reinserción social debido a la edad de los imputados.
Ante la resolución, la familia de la víctima y sus abogados informaron que apelarán la sentencia con el fin de solicitar la pena máxima permitida por la ley. El caso ha iniciado un debate sobre los criterios de sanción para menores de edad en delitos de alta gravedad en el país.
