Redacción / Escape de Lagunillas
Han pasado cinco años desde el feminicidio de Isabel y su hija Mayra, un crimen que conmocionó a la comunidad. Sin embargo, las autoridades no han logrado avances significativos en la investigación, y los responsables siguen en libertad, perpetuando un ambiente de impunidad e indignación.
La casa donde ocurrieron los hechos sigue acordonada, un recordatorio constante de la falta de justicia. La familia y la comunidad continúan exigiendo respuestas y acciones concretas para esclarecer este terrible crimen y llevar a los culpables ante la justicia.
El crimen que estremeció a la comunidad
El 27 de enero de 2020, un hallazgo aterrador sacudió a Escape de Lagunillas. Campesinos encontraron el cuerpo de una niña de nueve años en un canal de riego en el paraje “La Taza”. Horas después, y a menos de un kilómetro de distancia, se descubrió el cadáver de su madre, de 36 años.
Los cuerpos presentaban signos de violencia extrema: abuso sexual, heridas de bala y, en el caso de la menor, estaba atada de manos y pies. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en su momento que la niña tenía 13 impactos de bala y heridas en las manos, lo que sugiere que intentó defenderse. Su madre presentaba golpes en el cuerpo y un disparo en la cabeza.
Investigación estancada y sospechosos liberados
Desde el inicio de la investigación, en la comunidad circularon rumores que señalaban a familiares de las víctimas como presuntos responsables. Posteriormente, el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta confirmó que los responsables habían sido identificados y, efectivamente, eran parientes de Isabel y Mayra.
En febrero de 2020, la Policía Estatal de Chietla y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaron un cateo en un domicilio de Lagunillas, lo que resultó en la detención de una mujer. Sin embargo, tras rendir declaración en la capital del estado, fue puesta en libertad. Desde entonces, no se han reportado avances significativos en la investigación.
Cinco años sin justicia
A pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue sin resolverse, a pesar de haber sido abordado por células especializadas de la AEI y equipos de seguimiento de casos de alto impacto de la FGE.
La falta de progreso en la investigación y la impunidad que persiste reflejan la necesidad urgente de mayor transparencia, eficiencia y compromiso por parte de las autoridades para combatir la violencia de género y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
