**Mientras Donald Trump presume haber expulsado “sólo criminales”, granjas y fábricas se paralizan por falta de trabajadores migrantes**
**Comunidades enteras desafían la política antiinmigrante, y México mantiene firmeza en las negociaciones arancelarias**
Michelle López
Información internacional.
Las últimas semanas en Estados Unidos, han revelado un choque frontal entre la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las necesidades reales del mercado laboral, y la resistencia organizada de comunidades y administraciones vecinas.
Desde inicios de año, el gobierno republicano ha intensificado las redadas y deportaciones, con especial fuerza en Arizona, Texas y California, donde se concentra el 73% de los mexicanos repatriados.
Trump insiste en que “sólo ha sacado a criminales”, pero las cifras y testimonios lo contradicen: miles de trabajadores que mantenían la agricultura, la construcción y los servicios han sido expulsados, dejando vacantes imposibles de cubrir.
El propio presidente, en una entrevista con CNBC, admitió que los estadounidenses “no quieren” esos trabajos. “No se pueden sustituir tan fácilmente”, dijo, reconociendo que la gente en las ciudades “no hace ese trabajo”, y que quienes lo desempeñaban lo hacían “de forma natural”. La consecuencia inmediata: granjas paralizadas, fábricas con producción detenida y obras de construcción atrasadas.
La falta de mano de obra no es el único frente abierto. Reportes de corresponsales y organizaciones documentan que muchos migrantes detenidos son enviados a prisiones de condados, donde quedan expuestos a abusos.
En lugares como la jurisdicción de Broome, en Nueva York, activistas y residentes han organizado redes de apoyo para llevar comida, cuidar a los hijos de detenidos, e incluso movilizarse para impedir arrestos. Algunos llaman a esta organización el “nuevo ferrocarril subterráneo”, en referencia a las rutas clandestinas que ayudaban a los esclavos a escapar en el siglo XIX.
La política migratoria de Trump también ha tensado la relación con México. A pesar de los excesivos aranceles que Washington ha impuesto a decenas de países, la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado negociar prórrogas de 90 días, que dan respiro a las exportaciones mexicanas.
Desde Amealco, Querétaro, la mandataria aseguró que la Cuarta Transformación ha recuperado “la dignidad del pueblo” en la política exterior, y subrayó que la defensa de los intereses mexicanos no depende de la voluntad del presidente estadounidense, sino de la firmeza de un país que gobierna “para quien menos tiene”.
En paralelo, el programa “México te Abraza”, busca atender con calidez y apoyo real a los connacionales repatriados. En lo que va de la administración de Trump, 75 mil 900 mexicanos han sido devueltos. Muchos de ellos, provenientes de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, se desempeñaban en trabajos esenciales: 39% en construcción, 38% en servicios y 13% en agricultura.
Las deportaciones masivas no sólo están alterando la economía estadounidense; también han despertado un movimiento amplio de oposición interna. Iglesias, sinagogas, mezquitas, sindicatos y grupos comunitarios, se están sumando a la defensa de los migrantes, ampliando la solidaridad más allá de las propias comunidades afectadas.
Según encuestas nacionales recientes, la mayoría de los estadounidenses rechaza las políticas antiinmigrantes, y en estados como Nueva York, casi 60% de la población vive en jurisdicciones que limitan o prohíben la cooperación con el ICE.
En el fondo, la crisis expone una contradicción central: un país que depende del trabajo migrante para sostener sectores clave de su economía, pero cuyo gobierno lo criminaliza y expulsa.
Donald Trump ha comenzado a hablar de permitir que ciertos migrantes, tras ser repatriados, regresen “legalmente” para trabajar, una propuesta que podría convertirse en un parteaguas, si los gobiernos estatales y federales acuerdan garantizar condiciones justas.
Esto implicaría que trabajadores mexicanos y latinoamericanos, viajen con contratos temporales de seis meses, reciban un pago digno y tengan seguridad laboral real.
No sería la primera vez: a mediados del siglo pasado, miles de mexicanos participaron en el “Programa Bracero”, que permitió su ingreso a Estados Unidos para labores agrícolas bajo acuerdos bilaterales. La diferencia hoy, es que la dignidad y la seguridad deben ser el centro, para evitar repetir las condiciones de explotación y abuso que marcaron aquel capítulo de la historia.
Mientras Trump abre la puerta a que algunos migrantes regresen “legalmente” tras su deportación, las redes de apoyo demuestran que, ante la ausencia de soluciones oficiales, son las comunidades las que se organizan para protegerse.
Lo que sucede hoy en Estados Unidos, no es sólo una disputa sobre leyes migratorias; es una batalla por quién define la identidad del país, quién se beneficia de su prosperidad, y quién carga con el costo de las decisiones políticas. En esa tensión, miles de vidas cruzan la frontera, no sólo geográfica, sino moral.
5 puntos clave:
1.- Impacto laboral
– 1.7 millones de empleos ocupados por migrantes se han perdido desde marzo.
– 39% de los deportados trabajaban en construcción, 38% en servicios y 13% en agricultura.
2.- Cifras de deportación
– 75 mil 900 mexicanos han sido repatriados bajo la administración Trump.
– 73% residían en Arizona, Texas y California antes de su detención.
3.- Resistencia comunitaria
– Redes de apoyo en condados como Broome organizan comida, transporte escolar y refugios.
– Se les compara con el “ferrocarril subterráneo” del siglo XIX.
4.- Negociaciones México – EU.
– Claudia Sheinbaum ha logrado extender pausas de aranceles por 90 días.
– Exportaciones mexicanas evitan aumentos arancelarios máximos, gracias a estos acuerdos.
5.- Opinión pública y leyes
– Casi 60% de la población de EU, vive en jurisdicciones que limitan la cooperación con el ICE. – Encuestas muestran que la mayoría rechaza la política migratoria actual.
