Preocupa el tono de criminalización del derecho a la protesta
Declaraciones difundidas en medios de comunicación locales registraron que personal de la Agencia de Investigación Criminal acudiría sin identificación visible a la movilización convocada por agrupaciones feministas en el marco del 8 de marzo en Tepic, Nayarit. La actual fiscal Ludmila Heredia Verdugo declaró el despliegue de agentes de investigación durante la marcha.
En una declaración pública dijo declaró “La instrucción del gobernador es permitir la expresión del género femenino; sin embargo, en atención a la petición de una compañera, sí tendremos presencia en la marcha, con la agencia de investigación, mujeres vestidas de civil, únicamente para evitar que se agreda a quiénes estén transmitiendo. No se harán detenciones por vandalismo o daños porque es una instrucción federal”
Grupos sociales y especialistas, señalaron que la presencia de agentes sin identificación visible como servidoras públicas puede constituir un mecanismo de vigilancia, infiltración o intimidación en una protesta social, lo cual vulnera principios básicos de legalidad y transparencia en la actuación de las autoridades, además de contravenir estándares internacionales de derechos humanos, los cuales establecen que las autoridades que intervienen en manifestaciones públicas deben ser plenamente identificables para garantizar transparencia, rendición de cuentas y prevenir abusos en el uso de la fuerza.
Este anuncio ocurre en un contexto local de creciente tensión entre el gobierno estatal y diversos sectores sociales, marcado por procesos penales y acciones institucionales contra activistas, sindicalistas y periodistas. Por ejemplo, la reciente citación del periodista Ulises Rodríguez a comparecer ante la Fiscalía sin claridad pública sobre el motivo jurídico de la diligencia, lo que ha encendido alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Otro caso es el de los activistas Edgar Iván “N” e Isaac Cárdenas “Chakin”. Este último enfrenta cargos penales derivados de una falta administrativa, con una solicitud de pena de hasta tres años de prisión, multa y suspensión de derechos civiles y políticos, situación que ha sido cuestionada por presuntas irregularidades en el proceso. También se han documentado procesos penales contra integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), quienes enfrentan acusaciones por obstrucción de vías de comunicación tras protestas laborales para exigir condiciones dignas de trabajo.
Este panorama se agrava mientras colectivos de familias buscadoras han denunciado el hallazgo de restos óseos y expedientes abandonados a la intemperie dentro de instalaciones de la propia Fiscalía, lo que profundiza la crisis de confianza hacia la institución encargada de procurar justicia en el estado.
Frente a este contexto, las organizaciones señalaron que cualquier intento de vigilancia encubierta o control de las manifestaciones del 8M constituye una forma de criminalización del movimiento feminista, cuyo objetivo histórico ha sido denunciar la violencia estructural contra las mujeres y exigir justicia frente a la impunidad.
Las organizaciones recordaron que el derecho a la libre manifestación y protesta social está protegido por la Constitución mexicana y por instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que las autoridades tienen la obligación de garantizar su ejercicio sin intimidación ni condicionamientos.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades del estado de Nayarit a respetar plenamente el derecho a la protesta y abstenerse de desplegar estrategias de vigilancia encubierta en una movilización legítima y pacífica.
