Habitantes de San Jerónimo Xayacatlán, en el distrito judicial de Acatlán de Osorio, acusan al presidente municipal Johan Alberto Muñoz de autorizar la quema de basura a cielo abierto en el centro del municipio. La decisión, tomada sin consulta ciudadana, ha provocado fuertes críticas por sus consecuencias ambientales y sanitarias.
Según denuncias de ciudadanos recogidas por la reportera Carla Estrada, el alcalde Muñoz habría ordenado personalmente que los residuos sólidos generados en el municipio, así como en sus juntas auxiliares, sean depositados en terrenos del municipio, donde se separa el PET para su reventa y el resto se incinera sin control alguno.
Los denunciantes señalan que esta práctica tiene como fin evitar los costos asociados al traslado de la basura al Relleno Sanitario de Tepeaca, una medida que consideran irresponsable y perjudicial para la salud pública. “Todo por no pagar para llevar la basura a Tepeaca”, afirmaron vecinos inconformes, quienes aseguran que la decisión no fue consultada con la comunidad.
Aunado a ello, los pobladores lamentan que la Presidencia Municipal actúe de forma unilateral en decisiones que afectan directamente al bienestar colectivo. “Los del Ayuntamiento fueron electos para cuidar al pueblo, no para dañarlo”, expresaron.
Las quemas, además de generar gases tóxicos, afectan la calidad del aire en la zona y representan un riesgo ambiental significativo en una región con alta vulnerabilidad ecológica. El humo, visible desde distintos puntos del municipio, ha provocado molestias entre habitantes, quienes reportan problemas respiratorios y olores persistentes en sus viviendas.
Especialistas consultados advierten que la quema de residuos sólidos urbanos sin tratamiento ni control, además de ser una práctica prohibida por la normatividad ambiental mexicana, representa un riesgo a largo plazo para la salud de la población, especialmente para niños y adultos mayores.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Jerónimo Xayacatlán no ha emitido declaración oficial ante las denuncias, mientras que los ciudadanos piden la intervención de autoridades estatales y ambientales para frenar esta práctica que consideran negligente y peligrosa.
