– Autoridades exigen verificar a miles de votantes, ignorando la falta de evidencia real.
José Gallardo / Información Internacional
La administración del presidente Donald Trump intensificó sus acciones legales contra miles de migrantes residentes en el país, acusándolos de participar en fraudes electorales masivos. A pocos días de las elecciones, el Departamento de Justicia demandó a varios estados, con un enfoque particular en California, para exigir que se revise la ciudadanía de miles de votantes. Sin embargo, estas medidas carecen de evidencia que respalde las afirmaciones oficiales.
Las presiones se extienden a los funcionarios locales, quienes han recibido listas con nombres de supuestos infractores. A pesar de que un juez federal rechazó una de las demandas por atentar contra los derechos de los electores, las advertencias de posibles investigaciones continúan. Esto ocurre mientras los trabajadores electorales intentan gestionar el voto adelantado y por correo sin contratiempos.
La realidad en las urnas contrasta con las cifras presentadas por el gobierno. En California, un estado con más de 23 millones de electores, los casos confirmados de delitos electorales en los últimos años son mínimos. Situaciones similares se han reportado en Nevada y Nueva Jersey, donde las listas de supuestos votantes irregulares resultaron estar compuestas mayoritariamente por ciudadanos.
El impacto de estas medidas recae directamente sobre la comunidad migrante, que enfrenta un hostigamiento severo y detenciones bajo sospechas que, en muchos casos, no se sostienen en los tribunales. Mientras las autoridades federales insisten en señalar a los no ciudadanos como una amenaza para la integridad electoral, los datos históricos demuestran que el fraude electoral es un fenómeno extremadamente raro en el país.
