**Poblanos retornan en un 42% menos que durante el mandato de Joe Biden**
Juan Rubio
Información internacional.
La llegada de la administración de Donald Trump a la Casa Blanca, ha estado marcada por un discurso y acciones públicas más severas contra la inmigración; sin embargo, las cifras oficiales a mitad de agosto de 2025 muestran una realidad distinta para Puebla: menos poblanos están siendo deportados, en comparación con el mismo periodo bajo el mandato de Joe Biden.
Con corte al 13 de agosto, el gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier reportó 5 mil 360 retornados; el promedio diario de deportaciones para la entidad se sitúa en 25 personas, una caída del 42 por ciento, frente a los 44 retornos diarios contabilizados en 2024 durante la anterior administración.
Los datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), sirven como marco para esta comparación abrupta entre dos gobiernos con retóricas y estrategias distintas. En 2024, durante el lapso equivalente, Puebla acumuló 9 mil 265 casos; este año, con Donald Trump en la presidencia desde el 20 de enero, las cifras parciales pronostican que, al cierre del año, la entidad no superaría los 9 mil repatriados. La proyección responde a la tendencia observada desde febrero: un pico en enero seguido por descensos sostenidos en los meses posteriores.
Enero presentó un repunte — mil 216 deportaciones— que contrastó con el resto del primer semestre: febrero cayó a 593 casos (una reducción del 47.2 por ciento respecto a febrero de 2024), marzo contabilizó 503 repatriados frente a mil 239 del año anterior, y abril reportó 590 retornos, 58.5 por ciento menos que los mil 422 registrados en abril de 2024.
Hubo leves repuntes en mayo y junio —852 y 830 deportaciones, respectivamente— pero ambos meses permanecieron muy por debajo de los niveles del año previo (mayores reducciones de 30.3% y 43.6% frente a 2024). El patrón: una subida inicial seguida por una tendencia a la baja, que explica la diferencia porcentual con la administración anterior.
Estas cifras plantean preguntas sobre la relación entre retórica política, operativos y resultados numéricos. Aunque la administración de Trump ha impulsado redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y aboga por medidas migratorias más rígidas —justificadas por el propio presidente como necesarias para proteger el mercado laboral y reducir la ocupación de empleos por parte de inmigrantes, a quienes atribuye cerca del 20 por ciento de ciertas plazas laborales—, el conteo de deportaciones hacia Puebla no crece en paralelo a esa narrativa.
El registro más reciente de ICE, con corte a la primera quincena de agosto, reportó 1.6 millones de salidas del país en todo Estados Unidos, aunque ese número global no especifica cuántas derivaron de las redadas recientes, ni cuántas corresponden a poblanos.
El contraste entre política pública y cifras reales tiene además un rostro económico. Los migrantes poblanos aportan un 5 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE): de un PIBE estimado en 852 mil 625 millones de pesos, las remesas y la actividad vinculada al migrante, equivalen aproximadamente a 42 mil 631 millones 250 mil pesos anuales.
Esa contribución convierte a la diáspora en un actor central para la economía local —no solo en términos monetarios sino en la estabilidad de comunidades enteras—, lo que explica la atención y la preocupación de autoridades locales ante cambios en los flujos migratorios.
Más allá del volumen monetario, la variación en deportaciones abre explicaciones y escenarios múltiples. Una posibilidad es que las tácticas operativas hayan cambiado: mayor detención temporal pero menor número de repatriaciones efectivas, priorización de determinados grupos en las redadas, o modificaciones en rutas y controles que afectan el origen geográfico de retornados.
Otra hipótesis apunta a factores logísticos y administrativos: retrasos, tránsitos por distintos estados, o acuerdos temporales que modulan el número de deportados finalmente contabilizados en Puebla. Los datos disponibles no identifican causas únicas; dejan, eso sí, una clara diferencia estadística entre 2024 y 2025.
Para las familias y las comunidades, las cifras importan en lo inmediato y en lo estructural. Menos deportaciones no significa automáticamente menor presión social o menos vulnerabilidad: las redadas, la incertidumbre legal y la movilidad forzada, generan impactos que no siempre se traducen en estadísticas cerradas.
A la par, si la tendencia se mantiene y el total anual no rebasa los 9 mil retornados, el estado enfrentará retos administrativos distintos a los de un escenario de repatriaciones masivas: priorización de servicios de recepción, programas de reinserción productiva y estrategias para canalizar las remesas hacia inversión local.
El contraste numérico entre las administraciones de Joe Biden y Donald Trump —un descenso del 42 por ciento en el promedio diario de deportaciones hacia Puebla— obliga a repensar la relación entre políticas públicas, discurso y resultados concretos. Mientras el gobierno federal de Estados Unidos presenta un endurecimiento verbal y operativos más visibles, las cifras parciales muestran que el efecto en las devoluciones hacia Puebla ha sido, hasta ahora, una disminución. Para los poblanos, la pregunta sigue siendo si esa baja es coyuntural o el inicio de un nuevo patrón que modificará no solo los flujos humanos, sino la economía y la vida cotidiana de las comunidades que dependen de sus migrantes.
