**Críticos alertan que esta medida pone precio a la deportación, y aumentará el riesgo para las comunidades mexicanas**
Redacción
Estados Unidos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, se encuentra en medio de una tormenta mediática, luego de que se filtrara la existencia de una de las propuestas más controversiales de su historia reciente; una estrategia que busca entregar a terceros una de las funciones más sensibles de la aplicación de la ley migratoria: la localización y rastreo de personas sin estatus legal.
La iniciativa, implica la contratación de empresas privadas que operen bajo un modelo de “pago por ubicación”. Es decir, contratar “cazarrecompensas”. La estrategia, ha desatado una ola de pánico y condena en la comunidad de migrantes mexicanos y latinos en general.
Estatus oficial: Un plan interno en evaluación
La medida fue sacada a la luz mediante documentos internos de ICE, obtenidos y reportados por el medio de investigación The Intercept a finales de 2025. Este modelo de “pago por ubicación” del gobierno federal a contratistas por casos migratorios, es una iniciativa nueva y, a nivel oficial, se encuentra en una fase de evaluación y planificación, sin que exista todavía un contrato público adjudicado o una implementación formal.
La justificación oficial se centra en la necesidad de aumentar la eficiencia y acelerar el ritmo de las deportaciones, en un contexto de retraso masivo del sistema migratorio. El sistema de cortes de inmigración, que trabaja de la mano con ICE, enfrenta una acumulación histórica de casos, superando los 3.5 millones a nivel nacional. Esta cifra implica que la dependencia tiene una cantidad masiva de personas sujetas a procesos de deportación, que no han podido ser localizadas o detenidas.
Un nuevo modelo federal con incentivos privados
La propuesta busca delegar la localización de estas personas a contratistas, que operarían bajo un modelo de incentivos, recibiendo pagos por cada inmigrante ubicado. Este enfoque transforma la aplicación de la ley migratoria en una empresa con fines de lucro.
La analogía de este método se basa en el principio de incentivos. En el ámbito legal estadounidense, el “cazarrecompensas” tradicional opera en el sector privado para compañías de fianzas, recibiendo una comisión por la recuperación exitosa de un fugitivo. El modelo propuesto por ICE, toma esa lógica de lucro por localización, y la aplica directamente a una función de la ley federal.
El monto exacto que ICE pagaría por cada migrante localizado no ha sido revelado públicamente, pero se sugiere que el incentivo podría ser significativo. Tomando como referencia los costos operativos del sistema de detención—donde el gobierno ya alimenta el negocio, pagando a corporaciones privadas tarifas diarias que rondan los 165 dólares por cada persona detenida— la propuesta de “cazarrecompensas” simplemente extiende esta mentalidad de lucro a la fase de captura.
El temor es que el “pago por ubicación” sea lo suficientemente alto, como para atraer a un gran número de contratistas, priorizando la captura sobre los derechos civiles.
La vulnerabilidad del migrante mexicano y el riesgo de perfilamiento
Para los indocumentados, la aparición de actores privados con motivación económica intensifica el clima de miedo. Organizaciones han señalado que este modelo crea un incentivo que podría priorizar la cantidad de localizaciones sobre la calidad del debido proceso.
Al operar en base a la ganancia, es probable que estos contratistas se dirijan a áreas con alta concentración de población hispana. Esto eleva el riesgo de perfilamiento racial y étnico, donde la apariencia física o el idioma se convierten en las únicas variables para sospechar del estatus migratorio.
Además, se genera un cuestionamiento ético y legal, ya que el sistema de “pago por ubicación” creará un incentivo para que los contratistas utilicen métodos rápidos y agresivos, y que la presión por las cuotas lleve a prácticas de captura y detención que vulneren los derechos de la Cuarta Enmienda, aumentando los arrestos injustificados por la prisa de asegurar una recompensa sin la verificación adecuada.
Consecuencias para la comunidad latina
Las consecuencias de esta política de externalización afectan a toda la comunidad latina. Crearía una atmósfera de terror que impactaría el acceso a servicios esenciales, pues el miedo a ser localizado por un contratista privado, desincentivará a los migrantes de buscar atención médica, enviar a sus hijos a la escuela o cooperar con la policía local.
La desconfianza hacia cualquier figura de autoridad o de origen externo a la comunidad se amplificará, perjudicando además la economía local, ya que la interrupción de la fuerza laboral migrante desestabilizaría a las industrias que dependen de su labor.
El debate sobre la posible contratación de “cazarrecompensas” por parte del ICE, no es solo una cuestión de política migratoria, sino un profundo cuestionamiento ético que enfrenta los principios de justicia y el respeto a la dignidad humana, contra la eficiencia y el lucro corporativo.
Las organizaciones de la sociedad civil están movilizándose para exigir transparencia, supervisión federal estricta y la cancelación de este controvertido programa, antes de que el negocio de la deportación fracture aún más a las familias y comunidades en todo el país.
