**De acuerdo con el Inegi, en ese período la entidad alcanzó una tasa de 44 mil 203 delitos por cada 100 mil habitantes**
Juan Rubio / Puebla, Pue.
Puebla cerró el 2024, último año de la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con la mayor incidencia delictiva registrada desde 2010.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del Inegi, la entidad alcanzó una tasa de 44 mil 203 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra que supera incluso los picos de años anteriores y coloca a este periodo como el más crítico en materia de seguridad pública en los últimos 14 años.
Fraudes, extorsiones y robos de vehículos dominaron el panorama, evidenciando deficiencias en prevención, investigación y coordinación institucional.
El reporte del Inegi reveló que uno de cada tres hogares poblanos experimentó al menos un hecho delictivo durante el 2024. De un total de un millón 884 mil 415 viviendas en el estado, 667 mil 444 familias tuvieron por lo menos a un integrante afectado. Esta estadística dimensiona la amplitud del problema y refuerza la percepción de inseguridad entre la ciudadanía.
Los datos históricos subrayan el deterioro: en 2010 la incidencia delictiva era de 23 mil 946 delitos por cada 100 mil habitantes, por lo que el salto a 44 mil 263 representa un incremento acumulado del 14 por ciento en 14 años. Aunque el 2017 —bajo el gobierno panista de Tony Gali— registró un pico alarmante de 42 mil 343 delitos, el último año del sexenio de Salomón rompió ese récord.
El fraude encabeza la lista de delitos, con 8 mil 930 incidentes por cada 100 mil habitantes. Se trata de un fenómeno que afecta tanto a comerciantes como a consumidores y que, según especialistas, expone vacíos en educación financiera y en la capacidad de las autoridades para rastrear y sancionar estas prácticas.
La extorsión, conocida popularmente como “cobro de piso”, se ubicó en segundo lugar con 7 mil 196 casos. Esta modalidad golpea a pequeños negocios, transportistas y familias, obligándolos a entregar dinero para evitar agresiones. Expertos advierten que este ilícito no solo erosiona la economía local, sino que también alimenta a organizaciones criminales que operan con impunidad.
Por su parte, el robo de vehículos —parcial o total— alcanzó 4 mil 88 registros, manteniendo a Puebla entre las entidades más afectadas del país en este rubro. Este delito tiene implicaciones económicas para las familias y afecta la operación de empresas que dependen del transporte para su actividad diaria.
Factores detrás del repunte
Analistas en materia de Seguridad Pública coinciden en que el repunte responde a varios factores: falta de programas de prevención, deficiencias en la investigación de crímenes y limitada coordinación entre autoridades municipales y estatales. Durante el 2024, distintas regiones del estado denunciaron la ausencia de patrullajes suficientes y tiempos de respuesta prolongados por parte de las corporaciones policiales.
Para los especialistas, el cierre del sexenio de Sergio Salomón Céspedes Peregrina exhibe la necesidad de replantear la estrategia estatal de Seguridad. Aunque su gobierno promovió mesas de coordinación y algunos operativos conjuntos, los resultados de la ENVIPE muestran que estas acciones no fueron suficientes para contener el avance de la criminalidad.
Impacto social y percepción ciudadana
El fenómeno no distingue clases sociales: desde zonas urbanas como Puebla capital y San Pedro Cholula, hasta comunidades rurales de la Mixteca, los delitos golpearon por igual. Comerciantes del Centro Histórico reportaron fraudes con transferencias falsas, mientras que pequeños productores del sur del estado denunciaron extorsiones para permitirles trasladar sus cosechas.
La percepción de inseguridad creció en paralelo. Habitantes de Izúcar de Matamoros, Atlixco y Tehuacán, coincidieron en que la presencia de patrullas no basta si las investigaciones no derivan en detenciones efectivas. De acuerdo con ENVIPE, el temor a denunciar persiste: muchos poblanos desconfían de las autoridades por experiencias previas de corrupción o ineficacia.
El último año del ex gobernador Sergio Salomón al frente de Puebla, quedará marcado por estas cifras récord de inseguridad. Los 44 mil delitos por cada 100 mil habitantes no solo representan un número, sino la experiencia cotidiana de miles de familias afectadas.
De cara a una nueva administración estatal, los expertos insisten en que los datos de la ENVIPE no deben quedar como una simple estadística, sino como un punto de inflexión para replantear las políticas de Seguridad, y garantizar que los poblanos puedan “vivir sin miedo”.
