– El gobierno estatal confirmó las indagatorias; la entidad suma seis presidentes municipales destituidos recientemente.
Redacción / Puebla, Pue.
El gobierno de Puebla mantiene carpetas de investigación abiertas en contra de siete presidentes municipales en funciones por su presunta relación con la delincuencia organizada y la comisión de diversos delitos, según confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el vicealmirante Francisco Sánchez González.
Durante una conferencia de prensa ofrecida desde la Ciudad de México, el mando de seguridad detalló la situación legal de las administraciones locales. Estas siete indagatorias activas se suman al historial reciente de la entidad, que ya acumula seis ediles detenidos y uno prófugo de la justicia por hechos vinculados a gestiones previas.

Panorama administrativo en los municipios
La situación institucional refleja retos operativos a nivel local. En la actualidad, cinco municipios son gobernados bajo la figura de Concejos Municipales debido a múltiples irregularidades que impidieron la viabilidad de sus ayuntamientos constitucionales. Sánchez González puntualizó que este diagnóstico ya fue abordado la semana pasada en el Congreso local, donde sostuvo mesas de diálogo directo con los dirigentes de las distintas fuerzas políticas para delinear estrategias conjuntas.

En el mismo espacio informativo, el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, respaldó los procesos legales en curso y precisó el estatus de las autoridades señaladas. El mandatario aclaró que la separación del cargo de seis de estos presidentes municipales derivó de una instrucción directa del Poder Legislativo y en estricto apego a la ley.
Cero concesiones a los ediles
Para cerrar su intervención, el Ejecutivo estatal lanzó una advertencia clara a los servidores públicos en funciones: deberán asumir su responsabilidad legal y operativa como primera autoridad institucional. Armenta Mier garantizó que la administración estatal no otorgará concesiones políticas ni tolerará omisiones operativas de quienes incumplan con el deber básico de brindar seguridad a la población.





