- Ex alcaldesa es imputada por el caso de tortura contra periodistas y activistas en Izúcar
- Deberá acudir el 9 de junio al Centro de Justicia Penal Federal, por delito de falsedad en declaraciones e informes dados a la autoridad
- Está implicada en el caso que involucra tortura, abuso policial y documentos falsificados
Juan Rubio / Puebla, Pue.
El próximo lunes 9 de junio, la ex alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, deberá comparecer ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Puebla, a la audiencia inicial para formular imputación por el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, en relación con uno de los casos más graves de violaciones a derechos humanos registrados en el estado en los últimos años: la tortura de dos periodistas y varias activistas durante una jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, en marzo de 2023.
La audiencia está programada para la 1:15 de la tarde, y quienes no se presenten con al menos media hora de antelación serán sancionados con 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a 3 mil 394 pesos con 2 centavos, conforme al artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La audiencia se inscribe en una compleja trama legal que involucra dos carpetas de investigación, ambas derivadas del mismo hecho: la detención arbitraria, tortura y abuso sexual de las hermanas periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, reporteras del medio local Enlace Noticias, así como de integrantes de la colectiva feminista Marea Púrpura, la noche del 10 de marzo de 2023, tras una cobertura pacífica de la jornada del 8M.
Aquella noche, las jóvenes fueron detenidas sin motivo aparente por policías municipales, recluidas en una subcomandancia del fraccionamiento Rancho Juanitos, desnudadas, torturadas y amenazadas. Posteriormente, las autoridades intentaron justificar su actuar con el argumento de una supuesta alteración del orden público.
Durante el proceso, uno de los agentes reconoció que actuaban “por órdenes de la jefa”, en referencia directa a la entonces presidenta municipal Irene Olea Torres. Las denuncias iniciales presentadas ante la Fiscalía estatal derivaron en la atracción del caso por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la gravedad de los delitos: privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, violación a derechos humanos y tortura, especialmente con el agravante de violencia de género.
El caso judicial involucra actualmente dos líneas de investigación. La primera, en la que se han girado órdenes de aprehensión contra seis personas que se encuentran prófugas, se refiere a los hechos de abuso de poder y tortura sexual. Entre estos indiciados se encuentran cuatro hombres policías, una mujer policía, y un juez auxiliar que operaba en la subcomandancia donde ocurrieron los hechos.
La segunda carpeta aborda el presunto encubrimiento de los hechos mediante falsificación de documentos oficiales, en la que están señaladas once personas, incluyendo a varios funcionarios de alto nivel del gobierno de Irene Olea. La audiencia del próximo lunes se centra precisamente en esta segunda línea, por la cual la ex alcaldesa deberá responder por falsedad en informes rendidos ante una autoridad, tipificado en el artículo 254 del Código Penal del Estado de Puebla.
A casi 27 meses de ocurridos los hechos, el proceso ha atravesado momentos de estancamiento. A pesar de que el delito de tortura está clasificado como grave, las seis personas inicialmente imputadas recibieron en julio de 2024 medidas cautelares no privativas de la libertad, decisión judicial que fue apelada por la Fiscalía.
La apelación fue resuelta por el Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito, que determinó revocar la decisión de la jueza y ordenó la reclusión inmediata de los imputados en el Centro de Reinserción Social de Puebla, al considerar que su libertad representa un riesgo de fuga, de obstrucción del proceso y una amenaza directa para víctimas y testigos.
Esta resolución del tribunal marcó un giro importante en la búsqueda de justicia para las reporteras y activistas agredidas, abriendo paso a una nueva etapa en la que la responsabilidad de las autoridades superiores también comienza a ser examinada formalmente.
El inicio formal del procedimiento judicial contra Irene Olea Torres representa un hecho inédito en el estado de Puebla: pocas veces una ex alcaldesa ha sido citada a comparecer por delitos derivados del uso ilegítimo del poder contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos. De acuerdo con organizaciones que han acompañado el caso, como Artículo 19 y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, esta comparecencia puede sentar un precedente clave en la rendición de cuentas de autoridades locales.
Aunque hasta ahora la ex funcionaria no ha emitido declaración pública sobre la audiencia del 9 de junio, se espera que su equipo legal solicite medidas alternativas al juicio oral. Sin embargo, fuentes del proceso indican que la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes para sustentar la imputación por falsedad oficial, incluyendo declaraciones de víctimas, informes alterados y omisiones documentadas.
El próximo lunes será crucial: por primera vez, una autoridad de primer nivel deberá responder ante un juez federal por su presunta responsabilidad, directa o indirecta, en una serie de violaciones a derechos humanos que sacudieron a Izúcar de Matamoros. Más allá de las imputaciones penales, el proceso judicial se convierte también en una prueba del alcance real de la justicia en casos donde el poder público ha sido usado para silenciar, intimidar y castigar la labor periodística y el activismo social
