El coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, afirmó que el estado enfrenta aún un “cártel de las concesiones” heredado desde 2013, cuando se instauraron modelos financieros que —aseguró— torcieron la ley para comprometer recursos públicos durante décadas. Durante la conferencia mañanera, detalló que estas obligaciones disfrazadas de deuda siguen afectando las finanzas estatales.
García Parra explicó que uno de los casos más graves es la concesión del Sistema RUTA, cuya rescisión anticipada costaría más de 22 mil millones de pesos, a pesar de que el contrato todavía tiene una vigencia de 29 años. Agregó que la privatización del agua potable también continúa generando presión financiera, pues recuperar el servicio costaría más de 7 mil millones de pesos, mientras que ya se han pagado más de 4 mil millones desde su implementación.
El coordinador subrayó que la administración de Alejandro Armenta trabaja para “poner orden” y frenar los negocios heredados que considera lesivos para el patrimonio público. Señaló que el gobierno estatal revisa alternativas legales para recuperar control sobre servicios públicos estratégicos y avanzar hacia un modelo de gestión con transparencia, justicia social y protección del erario.
