La Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutirá este jueves 13 de noviembre una serie de juicios que podrían representar un golpe de más de 48 mil millones de pesos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Los ministros analizarán diversos recursos relacionados con créditos fiscales y sanciones reclamadas por el gobierno federal desde el sexenio de AMLO, lo que podría consolidar la postura del actual Ejecutivo.
Redacción / Nacional
Entre los casos más relevantes se encuentra el amparo directo en revisión, en el que Grupo Elektra impugnó un crédito fiscal superior a 33 mil millones. El proyecto del ministro Irving Espinosa, propone desechar los argumentos del grupo financiero y reafirmar la legalidad del cobro; además, plantea multar a la empresa por dilatar el proceso con múltiples recursos, lo que obstaculizó la labor judicial y buscó aplazar las resoluciones.
La discusión también incluirá los impedimentos promovidos por la empresa para apartar de los casos a las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, señaladas por presunto conflicto de interés. Espinosa argumenta que las expresiones públicas de Batres ocurrieron antes de asumir su cargo y no afecta su imparcialidad, por lo que propone revocar el criterio anterior que la había excluido y descongelar los juicios desde 2024.
El ministro presidente Hugo Aguilar, junto con las ministras Loretta Ortiz, Estela Ríos y Esquivel Mossa, presentará varios proyectos orientados a confirmar los créditos fiscales impugnados por Elektra y TV Azteca. Entre ellos se incluye adeudos que van desde los 1,400 hasta los 4 mil 900 millones de pesos, correspondientes a ejercicios fiscales entre 2008 y 2013, los cuales carecen de elementos constitucionales.
De aprobarse los proyectos, la Corte confirmaría de forma definitiva las obligaciones fiscales de Grupo Salinas por un monto acumulado superior a los 48 mil millones de pesos. El bloque de ministros afines a la política económica del actual gobierno busca cerrar un capítulo de prolongados litigios que se han extendido por más de una década, marcando un precedente significativo en la relación del poder judicial y empresas.
