Quiero compartir con ustedes un hecho que marca un hito en la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha ordenado pagar una deuda fiscal de aproximadamente 50 mil millones de pesos.
Como lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, es un acto de justicia. Para comprender mejor el hecho, vale la pena hacer referencia a los antecedentes del caso: La disputa fiscal entre Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se remonta a 15 años de litigios. Podríamos decir que Salinas Pliego nunca ha pagado impuestos y siempre ha buscado las estrategias necesarias para lograr sus propósitos.
Históricamente se ha valido del cobijo de los presidentes en turno, vendiendo protección a cambio de jugosos contratos de publicidad; también, ha presentado amparos y recursos para evitar el pago de impuestos. La SCJN anterior encabezada por Norma Piña, se caracterizó por darle protección al empresario, congelando las resoluciones en un cajón. Finalmente, con base en fundamentos legales, la Suprema Corte ha resuelto en contra del empresario y deberá pagar 48 mil millones de pesos.
Obviamente, el empresario se defiende argumentando que es una persecución política del gobierno de la Cuarta Transformación, los “zurdos” les llama él. Pero su argumento se le cae a pedazos, cuando se aclara que los adeudos y litigios vienen desde 2008, cuando menos, aunque existen algunos que datan de 2001. Con esto, queda claro que miente en su intento de acusar a los gobiernos de la Cuarta Transformación iniciados en 2018.
¿Qué significado trascendente tiene el hecho comentado? La resolución de la SCJN es un paso significativo en el marco de la Cuarta Transformación del país, que busca erradicar la corrupción y la impunidad. La decisión envía un mensaje claro de que, como dice el Benemérito de las Américas Benito Juárez, “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, y que se hará justicia en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que esta resolución es un triunfo para el gobierno, y un golpe a la corrupción. Lo anterior no hubiera sido posible sin la actuación de la nueva corte electa democráticamente por el pueblo, y que ahora responde a los preceptos de justicia y no a los intereses de los grupos económicos, que durante años mantuvieron sus privilegios al amparo del poder gubernamental fetichizado.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sienta un precedente y tiene varias implicaciones positivas para la transformación del país, entre las cuales se encuentran:
A) La justicia fiscal: la decisión garantiza que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, y que se recuperen los recursos para el Estado, los cuales pueden y deben destinarse en acciones que beneficien al pueblo, logrando así una mayor y justa distribución de la riqueza, que es del pueblo.
B) Lucha contra la corrupción: la resolución es un golpe a la corrupción y la impunidad, y envía un mensaje claro de que se hará justicia en México.
C) Precedente histórico: La decisión sienta un precedente importante para futuros casos de corrupción y evasión fiscal, la cual fue prohibida en la reforma constitucional del 7 de marzo de 2020: “las condonaciones y exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes”. Ahora ya saben a lo que se atienen.
¿Qué sigue? Es importante precisar con toda contundencia que la sentencia es definitiva y que en nuestro país ya no existe otra instancia a la cual pueda recurrir para alargar el caso, así que tendrá que pagar sí o sí. En su desesperación ante la derrota, Salinas Pliego ha declarado que acudirá a las instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con base en mi experiencia, le auguro poco éxito, ya que dicha corte es otra su naturaleza de los casos que atiende, y que, además, son procesos muy largos que duran décadas. Una vez que la SCJN notifique al SAT su resolución, el empresario tendrá que pagar inmediatamente; si se niega, el Estado mexicano cuenta con múltiples recursos legales para hacerlo cumplir.
Grupo Salinas pierde la batalla. La riqueza estimada del empresario asciende a 134 mil 450 millones de pesos. Su adeudo con las finanzas públicas de México: 74 mil millones de pesos. Descuente usted por el momento los 48 mil millones de pesos que tiene que pagar y los que adeuda en Estados Unidos de Norteamérica. Ya veremos el desenlace final. Es un orgullo para mi ser testigo de que, las acciones de este gobierno están fundadas en la justicia, y representan un verdadero cambio de régimen, no sólo de gobierno.
