“No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue”. El refrán resuena con una mezcla de alivio amargo y profunda desconfianza, tras la audiencia del pasado lunes 16 de junio en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla. Finalmente, después de más de dos años de audiencias “fantasma”, aplazamientos calculados y una maraña de trabas, que parecían tejidas para la impunidad, la ex alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene O., fue vinculada a proceso.
El delito: intimidación a testigos clave en la investigación en su contra, específicamente relacionada con el monstruoso caso de tortura sexual, abuso de autoridad y falsificación de documentos, perpetrado contra dos periodistas de “Enlace Noticias” y activistas del “Colectivo Marea Púrpura” la noche del 10 de marzo de 2023.
La vinculación, cabe destacar, no llegó por la voz de la Fiscalía General del Estado (FGE), sino por la Fiscalía General de la República (FGR). Un detalle no menor, que ya susurra sobre las sombras que pudieran envolver a las instituciones locales. Pero esta decisión, aunque un paso necesario, es apenas un hilo suelto en un tapiz de horror y corrupción, que exige ser desentrañado por completo.
La pregunta que quema: ¿Por qué intimidar?
Irene O., fue vinculada por intimidar a testigos. Esto, en sí mismo, es una confesión implícita de poder: hay pruebas de que intentó silenciar voces. Pero la pregunta que estalla en la mente de cualquier ciudadano con un ápice de conciencia es: ¿Qué tenían esas testigos que decir que era tan peligroso? ¿Qué verdad tan devastadora temía Irene que revelaran? La intimidación no es un crimen aislado; es el acto desesperado de quien quiere sepultar algo peor.
Y ese “algo peor” está descrito con crudeza en las declaraciones de los propios ejecutores materiales (cuatro policías hombres, una policía mujer y un ex juez calificador de la Subcomandancia ubicada en Rancho Juanitos, hoy todos prófugos): la orden de detener y torturar sexualmente a las jóvenes periodistas y activistas vino de “La Jefa”. Es decir, presuntamente, de Irene O.
Si la ex presidenta municipal sintió la necesidad de intimidar a quienes podían corroborar su participación o conocimiento de estos hechos atroces, ¿no es eso una señal de alarma ensordecedora sobre su culpabilidad en los crímenes de fondo?
La falsificación: La sombra del encubrimiento
Irene O., presuntamente ordenó a sus subordinados falsificar documentos sobre aquella nefasta detención del 10 de marzo. ¿Por qué falsificar? La respuesta es obvia: para ocultar. Para borrar las huellas de la tortura sexual y el abuso de poder. Para construir una mentira oficial que sepultara la verdad.
Si hay pruebas sólidas de esta falsificación masiva –cinco altos funcionarios ya vinculados por “alteración de documentos” –, ¿cómo es posible que la propia Irene O., solo sea vinculada por intimidación y no también, al menos, por encubrimiento, falsificación o como autora intelectual de los delitos centrales?
Aquí la justicia gotea, no fluye. Se le vincula por el acto de querer tapar el sol con un dedo (la intimidación), pero no de lleno por el sol mismo que quería ocultar (la tortura, el abuso, la falsificación sistemática). ¿Dónde está la coherencia procesal? ¿Por qué el juez de control, Jorge Eduardo Ramírez Téllez, optó por esta vinculación limitada, teniendo casi 50 pruebas que la vinculan directamente con esos otros delitos más graves?
El juez cuestionado: Una sombra sobre el tribunal
El nombre del juez Ramírez Téllez no es inocuo. Resuena con un pasado turbio. El 22 de agosto de 2023, desde Palacio Nacional, el ex presidente López Obrador lo señaló directamente: este juez federal en materia penal habría cometido actos “en contra de la justicia”.
El entonces subsecretario de Seguridad, Luis Rodrigo Bucio, detalló seis expedientes donde Ramírez Téllez mostró un patrón preocupante: negarse a vincular a acusados de delitos graves, declarar ilegales detenciones de presuntos criminales, y emitir sentencias absolutorias en casos dudosos.
La Suprema Corte y el Ejecutivo estaban enfrascados en su peor batalla entonces, y una investigación pública y exhaustiva sobre el juez nunca llegó. Hoy, como si nada hubiera pasado, sigue impartiendo “justicia” en Puebla.
¿Es casualidad que sea este mismo juez quien, en un caso de alto perfil político y con acusaciones gravísimas de tortura sexual y corrupción, opte por una vinculación mínima contra la ex edil? La sensación de que “hay algo chueco” en esta audiencia no es paranoia ciudadana; es una alarma fundada en antecedentes concretos y públicos. La elección de este juez para el caso, huele a manipulación, a un guion escrito para la impunidad disfrazada de proceso.
El cadáver incómodo: Socorro Barrera y el silencio eterno
Pero hay una sombra aún más larga y siniestra que se cierne sobre este caso: el asesinato de Socorro Barrera. Ella no era una testigo cualquiera. Era trabajadora social de la Unidad de Atención a Víctimas del Ayuntamiento presidido por Irene O., (Periodo 2021-2024).
Desde esa trinchera, vio de primera mano, con documentos y acciones concretas, cómo la administración de “La Jefa” intentaba encubrir el caso de tortura sexual y abuso de poder. Socorro sabía. Socorro era testigo clave de la maquinaria de falsificación y encubrimiento.
Y Socorro Barrera fue asesinada a tiros en un autolavado hace un año, en 2024. Si Irene O., fue vinculada por intimidar a dos testigos (presumiblemente para evitar que hablaran sobre la tortura y el encubrimiento), la pregunta que grita desde la tumba es: ¿Quién dio la orden, o quién tuvo interés en silenciar para siempre a la tercera testigo, Socorro Barrera, la que estaba dentro del aparato municipal?
Su asesinato no es un hecho aislado; es el eslabón más trágico y revelador de una cadena de terror destinada a acallar la verdad. La investigación de su muerte debe ser prioridad absoluta, y está indisolublemente ligada al caso contra Irene. Sin justicia para Socorro, no habrá justicia completa para nadie.
La desesperación, las lágrimas y los amparos de “oro”
Ante la red que parece cerrarse (aunque con agujeros preocupantes), la reacción de Irene O., es reveladora. Su desesperada búsqueda de amparos para sus seis esbirros prófugos – un paquete que rondaría los 100 mil pesos – delata el miedo. Sabe que, si esos cómplices caen y se sienten abandonados, la lengua puede soltarse. El escenario que tanto teme es que uno de ellos rompa el pacto de silencio, y la señale directamente como la autora intelectual de la tortura y el encubrimiento.
En la audiencia del lunes pasado, optó por el melodrama: lágrimas frente al juez y la afirmación de no tener dinero para un abogado. Un espectáculo cínico, cuando en Izúcar es “secreto a voces” que saqueó las arcas públicas. Esas lágrimas no son de arrepentimiento; son de miedo al destino que intuye.
El tiempo y la verdad inexorable
Irene O., puede llorar, buscar amparos carísimos para sus cómplices fugados, y esperar que la justicia siga goteando lentamente bajo la batuta de un juez cuestionado. Puede contar con medios comprados para blanquear su imagen. Pero hay fuerzas que escapan a su control: la investigación del asesinato de Socorro Barrera sigue su curso.
La presión ciudadana y mediática honesta aumenta. La verdad, como un río subterráneo, busca su cauce. Y la memoria de las víctimas – las torturadas, la asesinada – es un acusador perpetuo.
“No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue”. La justicia, la verdadera, la completa, la que abarque todos los delitos y a todos los responsables (incluidos los que dieron la orden del asesinato de Socorro y los que falsificaron desde sus despachos), tarde o temprano llegará.
Irene O., haría bien en prenderle velas a todos los santos. Porque lo único que sus lágrimas, sus amparos y sus medios “alcahuetes” pueden comprar es tiempo. Tiempo prestado antes de que lo inevitable, la justicia que Izúcar de Matamoros, Puebla y México exigen, toque a su puerta con toda su contundencia. “Tiempo al tiempo”. Pero el tiempo, también, se agota.
