Redacción/Información Nacional
En Campeche, una reforma legal conocida como la “Ley Alito” ha desatado polémica por facilitar expropiaciones de terrenos privados. Aprobada el 4 de septiembre por el Congreso Local, la norma modifica la ley de expropiaciones y limita los derechos de defensa de los propietarios. Su primera aplicación ya tiene destino: ocho hectáreas en el fraccionamiento Miramar, donde se construirá una universidad.
La reforma permite a la Secretaría de Gobierno declarar terrenos como de utilidad pública sin necesidad de dictamen previo de otro órgano. Los propietarios tienen solo cinco días hábiles para responder a la notificación. Si no lo hacen, pierden la posesión. La ley elimina recursos administrativos; la única vía de defensa es el juicio de amparo.
Además, la indemnización puede pagarse en abonos durante diez años, y el avalúo se basa en la última transacción registrada, sin considerar mejoras ni plusvalía. El gobierno argumenta que la norma moderniza una Ley de 1981 y alinea a Campeche con estándares federales para obras de infraestructura, vivienda y equipamiento urbano.
El nombre “Ley Alito” surgió de un diputado de morena, quien afirmó que la reforma permitiría recuperar terrenos adquiridos por el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a precios bajos.
La primera expropiación bajo esta ley afecta cuatro predios en Miramar: uno pertenece a la madre de Moreno Cárdenas; dos, a un empresario vinculado a él; y el cuarto, a un funcionario cercano a la gobernadora.
El objetivo declarado es construir la Universidad “Rosario Castellanos”. La oposición denuncia que la ley se usa como herramienta política, al dejar a los ciudadanos en indefensión y concentrar el poder de valuación y declaración en el ejecutivo estatal.
