Sin Corbata
Por: Juan Rubio
En Izúcar de Matamoros se están rompiendo los silencios. Lo que comenzó como cartulinas y voces tímidas en los pasillos del COBAEP plantel 12 terminó en marchas, investigaciones y un relevo en la dirección. Los hechos son claros: alumnas denunciaron acoso, la vieja protección sindical y la indiferencia administrativa quedaron al descubierto, y ahora los estudiantes —hartos— reclaman lo que les corresponde: seguridad, respeto y recursos para estudiar.
Pero no es sólo eso. Mientras las denuncias por acoso exigían respuestas, surgió otra queja igual de grave: la banda de guerra del plantel afirma que el apoyo económico que el Ayuntamiento entregó para reparar sus instrumentos, fue redirigido a otros fines por decisión del director. Los jóvenes piden transparencia, que el dinero se use para instrumentos y que se respete al instructor que los acompaña. Les han dicho poco; eso enciende la desconfianza.
A miles de kilómetros, pero con una lección que nos pega de cerca, pasó algo parecido en Altamira, Tamaulipas. En el CETis 78 la indignación estudiantil explotó: acusaciones de acoso, rumores sin respuesta, y una protesta que derivó en agresiones y destrozos.
Ver a estudiantes golpeando a un director no es algo que debamos celebrar, pero sí entender como síntoma de algo: la paciencia de la juventud tiene un límite. Cuando las instituciones fallan en atender denuncias, en dar cuentas claras o proteger a quienes denuncian, la violencia institucional y la impunidad terminan por empujar a la gente a tomar medidas extremas.
Comparar al COBAEP F-12 de Izúcar con el CETis de Altamira es doloroso, pero necesario. En ambos planteles se repiten patrones: denuncias de acoso que tardan en ser atendidas; directivos cuestionados; alumnos con poca claridad sobre el destino de recursos que deberían ser para su formación; y comunidades educativas que pierden la confianza.
La diferencia puede estar en el límite: mientras en Altamira la protesta escaló a violencia física y daños, en Izúcar todavía hay espacio para corregir el rumbo. Pero ese margen se estrecha cada día cuando no hay respuestas reales.
¿Y qué muestra Nepal, un ejemplo extremo? Una juventud conectada y sin liderazgo rígido puede organizarse y exigir cambios al poder con rapidez. No hay que romantizar la violencia, pero sí tomar en serio la advertencia: cuando los jóvenes se sienten silenciados y sin mecanismos legítimos de respuesta, buscan otras formas de hacerse escuchar. La generación que hoy estudia en Izúcar y Altamira es la misma que usa redes, que no confía en las vías tradicionales y que espera resultados concretos -no promesas-.
Las autoridades educativas tienen una oportunidad para evitar que Izúcar llegue al punto de Altamira. Primero: transparencia total sobre los recursos entregados para la banda; facturas, comprobantes, un inventario visible y que la comunidad educativa participe en la gestión.
Segundo: garantizar la permanencia y protección del instructor de la banda si ese es el deseo de los estudiantes. Tercero: investigaciones claras y públicas sobre las acusaciones de acoso, con medidas de protección para las víctimas y sanciones reales para quienes sean responsables.
Cuarto: abrir canales permanentes de diálogo con madres, padres y estudiantes que no sean simulacros, sino espacios con seguimiento y resultados.
La educación no puede funcionar en la opacidad. Los planteles no son territorios cerrados donde decisiones arbitrarias se tomen al margen de quienes estudian y pagan impuestos. Cuando una autoridad desvía recursos o protege a quienes acosan, erosiona la confianza y pone en riesgo la integridad de toda la comunidad.
Los estudiantes de Izúcar ya demostraron que no van a quedarse callados: protestaron, denunciaron en redes y exigieron respuestas. Eso debe ser recibido con respeto y acción, no con amenazas ni simulaciones. Si las instituciones responden con claridad, podrán recuperar la calma y la legitimidad. Si no, la tensión seguirá subiendo y el desenlace podría ser tan violento como el de Altamira -y entonces nadie podrá decir que no lo vieron venir-.
Hoy la consigna es sencilla y dura: los derechos no se piden, se exigen. Pero exigir también requiere responsabilidad por parte de las autoridades. No es sólo controlar daños; es reparar la confianza. Para eso hacen falta voluntad, transparencia y voluntad de justicia.
Si no lo hacen, la próxima vez que los jóvenes salgan a la calle no será solo por instrumentos rotos o pancartas: será por dignidad acumulada. Y cuando la dignidad explota, los daños pueden ser irreparables.
