**Vicealmirante, contralmirante y red naval, cobraron millones de pesos por 14 buques ilegales**
Juan Rubio
Información nacional.
Durante casi un año, buques cargados con combustible ilegal descargaron sin obstáculos en puertos clave de México. La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló que un vicealmirante, su hermano contralmirante y varios funcionarios aduanales, recibieron sobornos millonarios para permitir el paso del “huachicol fiscal”, mientras el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aprovechaba esta red para mover gasolina, diésel e incluso fentanilo.
Sobornos por 1.7 millones de pesos por buque
Los expedientes revisados indican que Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante detenido el pasado martes 2 de septiembre, y su hermano Fernando, contralmirante prófugo, pagaban un millón 750 mil pesos por cada barco que descargaba combustible ilegal en recintos fiscales. La operación incluía intermediarios que entregaban los pagos días después de que los buques zarpaban.
El ex director de la Aduana de Tampico, Capitán Alejandro Torres Joaquín, admitió haber permitido el desembarco de 14 buques entre abril de 2024 y enero de 2025. A cambio, obtuvo 24 millones de pesos. De cada entrega, retenía la mayor parte: de los 1.75 millones, solo repartía 330 mil entre seis subordinados, guardando para sí 1.42 millones. En total, dice haberse quedado con casi 20 millones.
Entre los funcionarios que recibieron pagos figuran Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Endira Xóchitl Palomo Chávez, Perla Elizabeth Castro Sánchez, Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías. Todos fueron arrestados la semana pasada.
Un capitán prófugo y un “alias” en Threema
El dinero provenía de Miguel Ángel Solano Ruiz, Capitán de corbeta retirado (“Capitán Sol”), conocido como “NK” en la app de mensajería Threema. Aunque nunca se presentó en persona, Solano Ruiz coordinaba pagos y apoyo logístico para los marinos corruptos. Fue identificado por sus vínculos con las aduanas y está señalado también como operador de fentanilo para el CJNG. Actualmente está prófugo, con orden de aprehensión.
CJNG detrás de la red
La investigación apunta a que el CJNG controló una estructura que involucraba marinos, empresarios, agentes aduanales y empresas fachada. Entre las compañías beneficiarias destacan “Intanza” y “Azteca Cone”, con domicilios en Nuevo León, y “Mefra Fletes”, en Guadalajara, cuyo representante legal fue el ex magistrado Anuar González Hemadi, famoso por el caso “Los Porkys”.
Mefra operó con al menos 15 empresas fantasma para mover millones de litros de combustible. Otro socio, Eric Daniel Zamora Delgadillo, aparece en la lista negra de EU por lavado de dinero. La estadounidense Ikon Midstream LLC, es señalada como proveedora del diésel que llegó en 31 buques disfrazados como cargamentos de aditivos.
El megadecomiso y las cifras ocultas
El 18 de marzo, el buque “Challenge Procyon” arribó a Tampico con 20 millones de litros de supuesto aditivo. Dos semanas después, la Marina informó que solo decomisó 10 millones. “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), reveló documentos internos que muestran el doble de la cifra reportada oficialmente. La Secretaría de Marina respondió que corresponde a la FGR determinar la cantidad real y aseguró que no protegerá a ningún implicado.
Asesinatos y suicidios sacuden a la Marina
La red no solo dejó millones en sobornos: también generó muertes. Guerrero Alcántar, contraalmirante que denunció las irregularidades, fue asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo. Días después, otro elemento de la Marina fue ejecutado.
El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, investigado por recibir 100 mil pesos por un buque, se suicidó en su oficina en Altamira. Un día después, Adrián Omar del Ángel Zúñiga murió en un accidente de tiro en Sonora. Ambos habían sido removidos de aduanas señaladas como puntos clave del huachicol.
Empresas y funcionarios encubiertos
Francisco Javier Antonio Martínez, ex director de Administración y Finanzas de ASIPONA Tampico, detenido el 4 de septiembre, figura en registros corporativos junto a dueños de “Intanza” en una empresa oculta en sus declaraciones patrimoniales. Las pesquisas muestran cómo altos mandos usaron compañías fachada y relaciones familiares para esconder su participación.
El vicealmirante Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de Marina Rafael Ojeda, escaló cargos estratégicos en puertos como Puerto Vallarta y Guaymas. Las indagatorias sugieren que los Farías colocaron personal leal en aduanas clave para controlar el flujo de combustible.
Red financiera del “Capitán Sol”
La FGR documentó 400 avisos por sospechas de lavado de dinero a nombre de Miguel Ángel Solano Ruiz, entre 2015 y 2025. También registró 80 transferencias internacionales de más de 500 mil dólares cada una. Testimonios de ex socios indican que usaba empresas “fantasmas” y paraísos fiscales para mover dinero del huachicol y del fentanilo.
Un procedimiento administrativo en 2017 no prosperó por falta de pruebas. Pese a múltiples denuncias por extorsión, amenazas y secuestro, Solano Ruiz operó protegido por contactos en aduanas y corporaciones policiacas.
Operativos en Puebla: gasolineras bajo la lupa
La investigación federal no se limita a Tamaulipas. En Atlixco, Puebla, la gasolinera “OKTAN” fue clausurada por presunta venta de huachicol. Otras estaciones en Coronango, San Gregorio Atzompa y la zona metropolitana de Puebla también fueron aseguradas.
En lo que va de 2025, suman 40 gasolineras cerradas en Puebla. Empresarios del sector acusan que algunas sanciones responden a retrasos administrativos y denuncian abuso de poder. Sin embargo, las autoridades federales insisten en que las clausuras forman parte de una estrategia para frenar el robo de combustible.
La respuesta oficial
La Secretaría de Marina enfatizó su política de “cero tolerancia” y reiteró que colaborará con las investigaciones. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que las detenciones continuarán y que el gobierno federal busca acabar con la corrupción en aduanas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a la Marina como una institución respetada y subrayó que investigar a los responsables fortalece a la institución. El fiscal Alejandro Gertz Manero aclaró que algunos de los nombres mencionados no estaban formalmente implicados y pidió respeto por los casos de suicidio.
Impacto en el mercado energético
El “huachicol fiscal” tiene consecuencias económicas y fiscales. Importar diésel como “aditivo” evita el pago del IEPS, lo que representa pérdidas millonarias para el erario. Las gasolineras que compran combustible robado ofrecen precios más bajos, afectando a competidores legales.
El decomiso de 10 millones de litros en el mes de marzo muestra la magnitud del negocio. La participación del CJNG añade un componente de seguridad nacional: el control de aduanas por parte de un Cártel fortalece sus redes de tráfico de drogas y armas.
Reacciones en el sector privado
Organismos empresariales han pedido mayor transparencia en las investigaciones y un equilibrio entre la lucha contra el huachicol y el respeto a las estaciones de servicio que cumplen con la ley. Denuncian que las inspecciones federales, en ocasiones, inmovilizan bombas por fallas menores o retrasos burocráticos.
Mientras tanto, municipios como Atlixco y Coronango se muestran cautelosas ante estaciones que ofrecen combustible barato. Residentes recordaron que “OKTAN” Atlixco reabrió tras tres años de inactividad, lo que levantó sospechas antes de su clausura.
El CJNG y la infraestructura portuaria
La infiltración del CJNG en aduanas no es nueva, pero este caso confirma su capacidad para corromper estructuras militares. Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Nuevo Laredo, Altamira y Guaymas, aparecen como puntos estratégicos. El control de puertos no solo facilita el huachicol, sino también el tráfico de precursores químicos para fentanilo.
El testimonio de un policía federal ministerial indica que Solano Ruiz, bajo el alias “Capitán Sol”, resguardaba armas, dinero y drogas en puertos clave. Su influencia le permitió amasar propiedades en México y el extranjero.
Círculo de protección y omisiones
A pesar de las denuncias y transferencias sospechosas, la red operó por años. Las conexiones familiares de los Farías Laguna con el ex secretario de Marina y las omisiones administrativas ayudaron a mantener el esquema. Las detenciones recientes muestran un esfuerzo del gobierno federal por limpiar las aduanas, pero también revelan que la corrupción persistió a pesar de advertencias internas.
Efecto político y social
El caso pone a prueba el discurso de combate a la corrupción del gobierno. También golpea la reputación de la Marina, una de las instituciones más valoradas por los mexicanos. Sheinbaum y Gertz Manero insisten en que investigar a los implicados fortalece la credibilidad institucional, pero el escándalo muestra la vulnerabilidad de las estructuras de seguridad frente al crimen organizado.
Perspectivas
Expertos en seguridad señalaron que las detenciones son solo el inicio. La red incluía empresarios, distribuidores y funcionarios que aún no han sido procesados. El CJNG podría reconfigurar su estrategia para mantener su control en puertos y gasolineras.
Las clausuras en Puebla muestran un intento por cortar las rutas de distribución interna. Sin embargo, el hallazgo de que faltan 10 millones de litros del “Challenge Procyon” plantea dudas sobre cuántos cargamentos han pasado inadvertidos.
La caída de Manuel Roberto Farías Laguna y sus cómplices, expone cómo el “huachicol fiscal” logró infiltrarse hasta las más altas esferas navales. Entre buques disfrazados de aditivos, transferencias millonarias y asesinatos de quienes denunciaron, el caso muestra que el combate al robo de combustible sigue siendo una batalla abierta.
Mientras el gobierno federal promete cero impunidad, el CJNG y otras redes criminales buscarán nuevas rutas, dejando a los puertos mexicanos bajo una vigilancia que ahora, más que nunca, será puesta a prueba.
