-Gobierno federal acusa omisiones y defiende avances institucionales desde 2018
Reacción / Ciudad de México
El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al calificarlo como “tendencioso” y “falto de rigor”, al considerar que omite avances en materia de combate a las desapariciones forzadas, postura que fue fijada el 2 de abril mediante un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Las dependencias señalaron que el documento del organismo internacional no incorpora observaciones, análisis ni información actualizada presentada por el Estado mexicano, además de que, afirmaron, no coincide con la definición de desaparición forzada establecida por el propio comité ni con los avances institucionales registrados desde 2019 y particularmente desde 2025.
El Gobierno federal sostuvo que el marco de análisis utilizado por el comité responde a contextos donde las desapariciones son sistemáticas y generalizadas por parte del Estado, lo cual —indicó— no corresponde a la situación actual del país, donde se ha impulsado una transformación estructural en la materia.
Asimismo, precisó que el informe se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de enfocarse en casos de cuatro entidades, por lo que calificó la resolución como “parcial y sesgada”.
En el comunicado, el Ejecutivo federal destacó que el propio comité reconoce que no existen indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas de manera sistemática, lo que, afirmó, refleja una diferencia con periodos anteriores.
También cuestionó la argumentación del organismo internacional al señalar presuntas inconsistencias jurídicas y posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes.
El Gobierno reiteró que no tolera ni permite desapariciones forzadas y subrayó que, en coordinación con colectivos de familiares, se han impulsado reformas legales aprobadas en 2025, entre ellas la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Finalmente, sostuvo que México mantiene apertura a la cooperación internacional en la materia, siempre que se base en diagnósticos acordes con la realidad del país, y reafirmó su compromiso con la búsqueda, identificación y acceso a la justicia para las víctimas.
