
El 1° de noviembre, en plena festividad del “Día de Muertos”, fue ejecutado de siete balazos Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien llegó al Gobierno local como candidato independiente en 2024, y cuya principal preocupación fue el combate a la inseguridad que vive tanto su municipio como la región de la tierra caliente michoacana y la meseta tarasca.
El asesinato de un alcalde que fortaleció como nunca los cuerpos de seguridad municipales, y reiteradamente solicitó el apoyo del Gobierno estatal y de las autoridades federales para su estrategia contra el crimen, es una prueba de fuego para el plan de Seguridad ejecutado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y dirigido por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Tal como lo informó el secretario de la Defensa, Carlos Manzo tenía cuerpos de Seguridad concedidos por el Gobierno federal; sin embargo, a pesar de estas medidas fue abatido, lo que refleja el poder del crimen organizado en Michoacán, capaz de superar al personal de custodia.
El homicida, identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez (a) “El Cuate”, de 17 a 19 años de edad, fue señalado como presunto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y, según declaraciones del fiscal de Michoacán, se presume que había un cómplice en el asesinato.
La primera respuesta del Gobierno federal fue la convocatoria urgente del Gabinete de Seguridad el domingo por la mañana; posteriormente, los secretarios de la Defensa y de Seguridad informaron sobre el homicidio y las medidas de seguridad con que contaba el alcalde de Uruapan. En su conferencia de la mañana, la presidenta anunció la elaboración de un plan de paz para Michoacán.
Los retos
El asesinato del alcalde y líder del llamado “Movimiento del Sombrero” ha provocado diversas reacciones. Como era de esperarse, la oposición utilizó esta desgracia como arma política; criticó la estrategia de Seguridad, presentó al país como dominado por el crimen organizado, insistió en los calificativos de narco gobierno y narco partido.
En Estados Unidos surgieron voces que insisten en una intervención directa, para combatir el narcotráfico. Y en el colmo del ridículo, legisladores del PAN y el PRI llegaron a la sesión del lunes con sombreros manchados de pintura roja, y Lilly Téllez, antes de despotricar en contra del gobierno le preguntó a Ricardo Anaya que quién era Carlos Manzo.
En redes sociales, los “bots” en contra de la presidenta Sheinbaum abundaron, y los comentaristas afines a la derecha despotricaron en contra de la mandataria y la estrategia de Seguridad.
Hay que recordar que la desastrosa “guerra” contra el narco de Felipe Calderón, comenzó en diciembre de 2006 en Michoacán, y el resultado, además de los miles de muertos, un alto porcentaje de inocentes, a los que el panista calificó de “daños colaterales”, inició la multiplicación de las bandas del crimen organizado, una de las cuales es la autora intelectual del asesinato de Carlos Manzo.
Cuando el alcalde asesinado era diputado federal, recordó cuál era el origen de la violencia en Michoacán: “¿Cuándo empezó la tragedia? El 11 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país; pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de Cárteles a los que sirvió en el sexenio mal habido”.
Hay que reconocer que la estrategia de “abrazos, no balazos” del sexenio pasado tuvo muy pocos resultados, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su Gabinete de Seguridad, diseñaron otro plan que estaba dando resultados, hasta que el crimen del alcalde de Uruapan pone en evidencia que algo está fallando.
Michoacán es la prueba de fuego y la presidenta ha respondido a esta crisis con el anuncio del “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, que se elabora con base en tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz.
Informó para su diseño, un diálogo con todos los sectores de la sociedad michoacana, y aseguró que estaría listo la próxima semana. Es, sin duda, una respuesta inmediata a una crisis de Seguridad, que no fue plenamente atendida en este primer año de gobierno, que orientó su acción prioritaria a la zona fronteriza con Estados Unidos.
En Puebla también hay riesgo
Los hechos de Michoacán constituyen una alerta para el estado de Puebla, donde existen municipios de alto riesgo producto del robo de combustible, delito que se agravó en 2017 y que devino en el calificativo de “Triángulo Rojo”.
Según informes de la Secretaría de Seguridad del estado de Puebla, dados a conocer en enero de este año, en la entidad operan siete bandas criminales, de las cuales, las de mayor impacto delictivo son “La Barredora”, el Cártel de Sinaloa y la “Familia Michoacana”.
En este año, entre otros delitos de alto impacto se encuentran los asesinatos entre bandas, que dan como resultado el hallazgo de cadáveres emplayados en diversos lugares de la capital y del estado. He aquí algunos casos:
En marzo, nueve cuerpos desmembrados, supuestamente de estudiantes desaparecidos, en la carretera de San José Miahuatlán; en julio, un vehículo abandonado en Coronango con restos humanos como carnada para detonar explosivos; en agosto, seis cabezas humanas en los límites con el estado de Tlaxcala, y ese mismo mes, dos cuerpos emplayados abandonados cerca del mercado 5 de Mayo.
El mes pasado se encontraron otros dos cuerpos emplayados, asesinados en el mercado Morelos, y en Amozoc, restos humanos envueltos en plásticos y mantas.
La presencia de bandas del crimen organizado en el “Triángulo Rojo”, en la capital del estado y en el sur, son “focos rojos” que deben ser atendidos oportunamente, antes de que Puebla pase a ser otro más de los estados con alto grado de violencia.
Otra alerta La violencia de género, padecida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando se dirigía a la Secretaría de Educación, es una alerta del riesgo que corre la Primera Mandataria, acostumbrada a estar cerca de la gente. Si un alcalde fue asesinado, una agresión mayor que el acoso sufrido a ella, pondría en riesgo la estabilidad del país.






