El Congreso de Nuevo León analiza una propuesta para aplicar castración química a agresores sexuales de menores.
Iniciativa legislativa busca endurecer penas
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León presentó una iniciativa para aplicar la castración química a agresores sexuales de menores.
Esta medida se sumaría a las penas de prisión ya establecidas.
La propuesta, encabezada por el coordinador Miguel Ángel Flores Serna y la diputada Paola Linares, contempla reformas a los artículos 86, 91 y 97, y la adición del artículo 269 Bis al Código Penal estatal.
El objetivo es implementar un tratamiento integral de carácter farmacológico, psicológico o psiquiátrico para los agresores sexuales.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros nueve meses de 2024 se registraron más de 64 mil delitos sexuales en México.
Los legisladores argumentan que es necesario tomar medidas más severas para prevenir la reincidencia y proteger a los menores.
Detalles de la propuesta
La iniciativa plantea que la castración química sea voluntaria para los agresores sexuales en su primera condena, ofreciendo una posible reducción de pena. En caso de reincidencia, el tratamiento sería obligatorio.
Este enfoque busca inhibir el impulso sexual de los agresores y reducir la posibilidad de que cometan nuevos delitos.
Los legisladores destacan que esta medida ya ha sido implementada en países como Estados Unidos, España y el Reino Unido, donde ha mostrado eficacia como medida preventiva.
Aseguran que la propuesta no vulnera los derechos humanos ni la integridad física de los sentenciados, ya que está orientada a la reinserción social.
Reacciones y próximos pasos
La propuesta ha generado diversas reacciones en la sociedad y en el ámbito político. Algunos sectores la consideran una medida necesaria para proteger a los menores, mientras que otros expresan preocupaciones sobre su implementación y posibles implicaciones éticas.
La iniciativa será sometida a discusión en el Congreso local, donde se espera un debate amplio que incluya las voces de especialistas en salud, derechos humanos, criminología y víctimas.
El objetivo es construir una legislación sólida, justa y efectiva para combatir el abuso sexual infantil en Nuevo León.
