-Sanciones digitales: hasta tres años de prisión y multas económicas por insultar a otras personas redes sociales en Puebla
Redacción / Puebla.
El estado de Puebla da un paso significativo en la protección contra delitos digitales. Este viernes, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma al Código Penal que tipifica el delito de ciberasedio, con penas de hasta tres años de prisión y multas económicas. La normativa entró en vigor este 14 de junio.
Impulsada por José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, la reforma fue aprobada por la LXII Legislatura del Congreso local en una sesión pública ordinaria el 12 de junio. La ley establece el ciberasedio como la conducta de insultar, injuriar, agraviar o vejar a una persona a través de medios digitales con suficiente insistencia para afectar su integridad física o emocional.
Las sanciones oscilan entre 11 meses y tres años de prisión, junto con multas de 50 a 300 UMAs (aproximadamente 30 mil pesos). En casos donde la víctima sea menor de edad, las penas pueden incrementarse hasta en dos terceras partes.
La normativa también abarca delitos como la usurpación de identidad, el espionaje digital y el contacto con menores con fines sexuales a través de tecnologías. Sin embargo, la ley ha generado debate, pues algunos consideran que su aprobación responde a críticas dirigidas en redes sociales contra funcionarios públicos, como la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby Sánchez.
El decreto, firmado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, busca enfrentar el aumento de delitos en entornos digitales, como fraudes y suplantaciones. Estas medidas, según las autoridades, pretenden proteger la dignidad y seguridad de los ciudadanos en el ámbito digital.
A partir del 14 de junio, Puebla se convierte en un referente nacional al implementar medidas contra el ciberasedio y otros delitos tecnológicos. Aunque su enfoque ha sido bien recibido por algunos sectores, el reto radica en su aplicación efectiva y en la percepción pública sobre el equilibrio entre protección ciudadana y limitaciones a la libertad de expresión.
Esta reforma marca el inicio de una nueva etapa en la regulación de conductas digitales en México, un país cada vez más conectado, pero también más vulnerable a los riesgos del ciberespacio.
