**Sanciones: hasta tres años de prisión y multas económicas por insultar a otras personas mediante redes sociales en la entidad**
Redacción
Puebla, Pue.
El estado de Puebla dio un paso significativo en la protección contra delitos digitales. El pasado viernes 13 de junio, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la reforma al Código Penal que tipifica el delito de “ciberasedio”, con penas de hasta tres años de prisión y multas económicas. La normativa entró en vigor a partir del sábado 14 de junio.
Impulsada por José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, la reforma fue aprobada por la LXII Legislatura del Congreso local, en una sesión pública ordinaria el día 12 de junio. La ley establece el “ciberasedio” como la conducta de insultar, injuriar, agraviar o vejar a una persona a través de medios digitales, con suficiente insistencia para afectar su integridad física o emocional.
Las sanciones oscilan entre 11 meses y tres años de prisión, junto con multas de 50 a 300 UMAs (aproximadamente 30 mil pesos). En casos donde la víctima sea menor de edad, las penas pueden incrementarse hasta en dos terceras partes.
La normativa también abarca delitos como la usurpación de identidad, el espionaje digital y el contacto con menores con fines sexuales a través de tecnologías. Sin embargo, la ley ha generado debate, pues algunos consideran que su aprobación responde a críticas dirigidas en redes sociales contra funcionarios públicos, como la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby Sánchez.
El decreto, firmado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, busca enfrentar el aumento de delitos en entornos digitales, como fraudes y suplantaciones. Estas medidas, según las autoridades, pretenden proteger la dignidad y seguridad de los ciudadanos en el ámbito digital.
A partir del 14 de junio, Puebla se convirtió en un referente nacional, al implementar medidas contra el “ciberasedio” y otros delitos tecnológicos. Aunque su enfoque ha sido bien recibido por algunos sectores, el reto radica en su aplicación efectiva, y en la percepción pública sobre el equilibrio entre protección ciudadana y limitaciones a la libertad de expresión.
Esta reforma, marca el inicio de una nueva etapa en la regulación de conductas digitales en México, un país cada vez más conectado, pero también más vulnerable a los riesgos del “ciberespacio”.
