**La búsqueda de una vida mejor en Puebla, no debe traducirse jamás en una sentencia de muerte**
**La vulnerabilidad migratoria es una emergencia que exige acción inmediata**
Daniel Osorio
Puebla, Pue.
En un lapso de apenas dos meses, Puebla fue testigo del desenlace fatal de tres vidas jóvenes. Las historias de Karen Elianis, originaria de Cuba; Yusvely, procedente de Venezuela, y Joselín Liliana, quien migró desde Tijuana, Baja California.
Sus muertes no deben leerse únicamente como notas aisladas de la crónica policiaca; en realidad, son la manifestación de una crisis estructural de vulnerabilidad. Estos decesos exponen los riesgos que enfrentan las y los jóvenes migrantes que eligen, en este caso, a Puebla como un punto de tránsito o asentamiento. Un estado que se mantiene entre los seis con mayor número de feminicidios a nivel nacional.
Según el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la IBERO Puebla, la entidad ha registrado más de 240 probables feminicidios entre 2021 y 2025, lo que se traduce en un promedio de una mujer asesinada cada siete días.
La coincidencia de los tres decesos en octubre y noviembre de 2025, todos vinculados a la migración, ha encendido las alarmas de colectivos y organizaciones civiles, quienes reiteraron la necesidad de reforzar las políticas de protección y acompañamiento.
La fragilidad de los sueños truncados
El 18 de noviembre, el incendio intencional y ataque armado en el “Bar Lacoss” cobró la vida de al menos siete personas, entre ellas Karen Elianis Martínez. Conocida como “La China”, esta joven bailarina y madre, había dejado Cuba en el 2023. Su historia es la de miles: migrar a México, trabajar largas jornadas en la economía nocturna para enviar remesas y construir un futuro mejor.
Su feminicidio por la violencia del crimen organizado local no solo apagó una vida, sino que dejó a un niño en orfandad, demostrando cómo la explotación laboral y la falta de regulación en ciertos sectores, exponen a las migrantes a círculos viciosos de alta peligrosidad.
Apenas un mes antes, en octubre, la vida de Yusvely, una joven de 20 años de edad originaria de Venezuela, terminó en un acto desesperado de suicidio en la Vía Atlixcayotl. Su caso, aunque no clasificado como homicidio, es un síntoma alarmante de la violencia psicológica que acompaña la migración.
El mensaje que dejó en redes sociales sobre su “miedo a fracasar”, pone en evidencia la presión y la soledad que sienten aquellos que, con recursos limitados y lejos de su núcleo familiar, enfrentan la pobreza y la falta de apoyo social en un entorno desconocido. El fracaso, para el migrante, no es solo personal; es la imposibilidad de regresar o de cumplir las promesas hechas a quienes quedaron atrás.
Por último, el feminicidio de Joselín Liliana, una joven de 24 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado estrangulado dentro de un carrito de supermercado en el Barrio de El Carmen, pone en evidencia la crudeza de la violencia de género.
Joselín Liliana, procedente de Tijuana, Baja California, había pasado cinco años en Puebla, donde estudió Criminología y soñaba con ingresar a la Guardia Nacional. Su perfil de estudiante y migrante interna desmiente la narrativa de que el riesgo solo afecta a quienes están en tránsito.
Su cuerpo sin vida permaneció días sin identificar, precisamente porque sus familiares no residían en la entidad, una trágica confirmación de la invisibilidad que acompaña a quienes se encuentran fuera de sus redes primarias de protección.
El cruce de vulnerabilidades y la respuesta necesaria
Estos tres casos revelan cómo la condición migratoria sobrepasa a la condición de género para crear una triple vulnerabilidad. Las mujeres jóvenes que viajan solas o con recursos limitados, se convierten en blancos fáciles debido a diversos factores.
En primer lugar, la exposición laboral en la informalidad o en sectores con alto riesgo de violencia y explotación, como se vio con Elianis. En segundo lugar, el aislamiento social y psicológico, palpable en la desesperación de Yusvely, y en la tardanza para reclamar el cuerpo de Joselin Liliana, lo cual agrava el impacto de la violencia. Y finalmente, la invisibilidad y la cifra negra, ya que la condición de migrante o “fuereña” dificulta el seguimiento de sus casos, y contribuye a que la violencia que enfrentan sea minimizada.
Los colectivos señalan que, si bien la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reporta avances en el esclarecimiento de feminicidios (afirman esclarecer entre el 70 y 80% de los casos), la prevención y la protección deben ser prioridades inmediatas.
La respuesta de las instituciones no puede limitarse a la procuración de justicia post-mortem; debe incluir la creación de mecanismos de seguridad que impidan que estas tragedias ocurran. La exigencia de la comunidad migrante y de las organizaciones civiles es clara, y se centra en reforzar las políticas de protección y acompañamiento.
Esto implica la creación de albergues seguros y dignos que no solo ofrezcan techo, sino también asesoría legal, psicológica y laboral específica para mujeres migrantes. Se requieren protocolos de alerta temprana esenciales para la búsqueda rápida y efectiva. Además, es fundamental la regulación laboral y la vigilancia en los lugares de trabajo con alta presencia de este sector, como bares o servicios, para prevenir la explotación y la trata de personas.
Finalmente, la sensibilización institucional es clave, con la capacitación de funcionarios de todos los niveles para tratar a las víctimas con perspectiva de género y conciencia de los derechos humanos de los migrantes. Puebla, como creciente polo de atracción migratoria, tiene la obligación de garantizar que la búsqueda de una vida mejor no se traduzca en una sentencia de muerte.
Las vidas de Elianis, Yusvely y Joselín Liliana, son un recordatorio sombrío de que la vulnerabilidad migratoria es una emergencia que exige acción inmediata, no solo por justicia para las víctimas, sino por la seguridad de todas las que vendrán después.
