El Congreso de Puebla avanza en la aprobación de una reforma a la Ley de Seguridad y Movilidad Vial, enfocada en regular el uso de motocicletas y vehículos eléctricos para reducir su vinculación con delitos. La iniciativa, respaldada por el gobernador Alejandro Armenta, plantea medidas como límites de pasajeros, restricciones de circulación y requisitos de seguridad obligatorios. El gobernador Armenta destacó que la reforma busca mantener la tendencia a la baja en índices delictivos, señalando que las motocicletas son el segundo medio más usado en homicidios con arma de fuego en la entidad. “Focalizar la seguridad desde la movilidad es clave para proteger a las familias”, afirmó. La propuesta surge tras análisis en las Mesas de Seguridad estatales, donde se identificó la urgencia de atender crímenes cometidos con este transporte. Laura Artemisa García, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, detalló que la iniciativa incluye:
1. Límite de ocupantes: El número máximo de pasajeros por motocicleta se establecerá en la tarjeta de circulación.
2. Restricciones a vehículos eléctricos: Bicicletas y monopatines eléctricos no podrán circular en vías primarias, salvo que exista infraestructura específica.
3. Equipamiento obligatorio: Casco y chaleco con placa visible expedida por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración. Los chalecos deberán incluir 30% de material reflejante y mostrar la placa frontal y posteriormente.
García enfatizó que estas medidas buscan “combatir la comisión de delitos y garantizar operatividad en la ley”, tras trabajar con las secretarías de Finanzas y Movilidad. La diputada subrayó que la visibilidad de las placas en chalecos y cascos facilitará la identificación de motociclistas, desincentivando su uso para actividades ilícitas. Además, la restricción a vehículos eléctricos en avenidas principales pretende reducir accidentes y conflictos viales. La iniciativa se someterá a votación en los siguientes días. Armenta confía en que, una vez aprobada, reforzará las estrategias estatales contra la delincuencia, priorizando la protección ciudadana sin afectar la movilidad legítima.
