Isabel Albaladejo Escribano, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras desde marzo de 2020, enfrenta graves acusaciones tras un intento fallido de sacar a su hijo menor de edad de Colombia con documentación presuntamente alterada.
El incidente en el aeropuerto
El 25 de febrero de 2025, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Albaladejo intentó abordar un vuelo con destino a Honduras junto al menor, presentando un fallo de tutela que supuestamente autorizaba el traslado. Inicialmente, las autoridades migratorias aprobaron la salida.
Sin embargo, poco antes del abordaje, funcionarios detectaron irregularidades en el documento, específicamente en la fecha y en la parte que autorizaba el viaje.
Tras una revisión, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá, responsable del fallo original, confirmó que en ningún momento se había otorgado permiso para que el niño abandonara el país. Ante esta revelación, la autorización fue anulada y se activó la intervención de las autoridades.
Denuncias y una disputa legal en escalada
La familia paterna del menor acusó a Albaladejo de intento de secuestro y retención arbitraria. La funcionaria, por su parte, sostiene que es víctima de una estrategia de acoso legal impulsada por su expareja, Juan Manuel Rojas, con quien tuvo tres hijos y que actualmente se encuentra detenido a la espera de extradición.
Según la familia paterna, el niño había viajado a Colombia en diciembre de 2024 para pasar las vacaciones con su padre. Durante su estancia, recibió atención médica por amigdalitis y, a partir de sus propios testimonios, surgieron sospechas de que había sufrido abuso en Honduras.
Posteriormente, exámenes médicos confirmaron signos de agresión, y la familia paterna señaló como posible responsable a un vecino de Albaladejo, argumentando que la funcionaria solía dejar al menor bajo su cuidado.
En medio de estas denuncias, Rojas intentó presentar una querella contra el presunto agresor y contra Albaladejo como posible cómplice.
No obstante, dos días después, fue detenido por Interpol con una orden de captura internacional debido a denuncias previas por violencia intrafamiliar, interpuestas por la propia Albaladejo.
El caso ha tomado un giro aún más complejo. Según *Revista Semana*, los abogados de la familia paterna tienen como prueba conversaciones en las que Albaladejo supuestamente ofrecía ayuda a su hija para gestionar la liberación de su padre, a cambio de que revelara el paradero de su hermano menor.
Imagen obtenida de Revista Semana
Reacciones y postura de la ONU
Albaladejo ha rechazado categóricamente las acusaciones, asegurando que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por su expareja.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras emitió un comunicado, calificando las denuncias como un acto de persecución y violencia de género.
“Es inaceptable este tipo de campañas de desprestigio que constituyen violencia de género y buscan desacreditar a la funcionaria por su labor en defensa de los derechos humanos”, señaló la organización.
Mientras la batalla legal continúa, el caso ha generado un intenso debate sobre los límites entre la protección de menores y la instrumentalización de denuncias en disputas familiares de alto perfil.
