-Javier López Zavala enfrenta otro juicio por feminicidio de activista en Puebla
El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla declaró este martes culpable a Javier López Zavala, excandidato priista a la gubernatura estatal, por el delito de violencia familiar en contra de la abogada y activista Cecilia Monzón, asesinada en 2022. La resolución marca un avance en el caso de la defensora de derechos de las mujeres, cuya lucha contra la violencia de género trascendió incluso después de su muerte.
López Zavala, expareja de Monzón y actualmente señalado como presunto autor intelectual de su feminicidio, enfrentará el próximo 30 de mayo una audiencia para definir su condena por violencia doméstica, con base en el Código Penal de Puebla. Paralelamente, continúa el proceso judicial en su contra por el asesinato de la activista, ocurrido el 21 de mayo de 2022, cuando dos hombres armados en una motocicleta dispararon contra su automóvil en San Pedro Cholula.
Helena Monzón, hermana de la víctima, celebró el fallo en redes sociales: “Este veredicto refleja la valentía de Cecilia, quien denunció en vida la violencia que sufrió”. Destacó que la sentencia es un precedente clave para las mujeres que buscan justicia, aunque subrayó que el camino continúa: “No descansaremos hasta que se esclarezca su feminicidio”.
Cecilia Monzón, reconocida por su defensa legal de víctimas de violencia de género y por casos de custodia y pensiones alimentarias, había interpuesto una demanda contra López Zavala por agresiones hacia ella y su hijo menor. Su activismo la convirtió en un símbolo de resistencia, pero también en un blanco. Tras su muerte, organizaciones sociales y familiares impulsaron la *Ley Monzón*, reforma que protege a hijos de víctimas de feminicidio, impidiendo que queden bajo custodia de padres acusados o condenados por el crimen.
La familia de Monzón reclama una pena máxima de 60 años de prisión para López Zavala y los dos presuntos autores materiales del crimen, identificados como Jair ‘N’ y Silvestre ‘N’. Mientras el sistema judicial de Puebla enfrenta el escrutinio público, el caso sigue siendo una prueba emblemática para medir la eficacia de las leyes contra la violencia de género en México.
