**Alumnas denunciaron acoso; universidad activó protocolos internos y notificó a autoridades**
Juan Rubio
Izúcar de Matamoros, Pue.
La Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) inició un procedimiento institucional tras recibir al menos seis denuncias formales presentadas por alumnas que señalan a dos docentes por presunto acoso sexual. Como medida preventiva y en apego a la normativa vigente, ambos profesores fueron separados de sus funciones académicas mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, tanto al interior de la institución como ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla y la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con información obtenida por este medio a través de una fuente universitaria que solicitó mantener el anonimato, el proceso se encuentra activo y bajo seguimiento puntual por parte de las instancias jurídicas de la UTIM, que ya integran expedientes con pruebas documentales y testimoniales proporcionadas por las estudiantes.
Las seis denuncias, que involucran al menos a dos integrantes del personal docente, fueron recibidas por el área jurídica de la universidad mediante actas circunstanciadas elaboradas tras el testimonio directo de las presuntas víctimas. Según lo referido por las propias alumnas, los señalamientos incluyen el envío de mensajes con contenido de índole sexual a través de aplicaciones de mensajería instantánea, entre otros comportamientos que habrían generado un ambiente adverso para su desarrollo académico.
Ante estos hechos, la institución activó el Protocolo de Honor y Justicia, documento que establece los lineamientos para la atención, investigación y eventual sanción en casos relacionados con violencia de género, hostigamiento o acoso dentro del entorno escolar. Dicho protocolo, de carácter público, puede ser consultado por cualquier integrante de la comunidad universitaria a través de los canales institucionales.
Como parte de las acciones iniciales, la universidad determinó retirar a los docentes señalados de toda actividad frente a grupo, con el objetivo de evitar cualquier tipo de contacto con las denunciantes o con el resto del alumnado durante el desarrollo del proceso. Esta medida preventiva también contempla su reasignación temporal a funciones administrativas mientras se concluyen los tiempos establecidos por el reglamento interno.
Simultáneamente, la UTIM notificó oficialmente a la Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla sobre la situación, en cumplimiento de los lineamientos aplicables para instituciones de educación superior. Asimismo, se mantiene comunicación con la Fiscalía General del Estado, instancia que ya habría emitido oficios solicitando la implementación de acciones preventivas dentro del plantel.
De acuerdo con autoridades universitarias, el procedimiento contempla diversas etapas que incluyen la recepción de la denuncia, la apertura de la investigación interna, la implementación de medidas cautelares, el análisis de pruebas y la eventual emisión de un resolutivo. Todo ello bajo el principio de debida diligencia, confidencialidad y respeto a los derechos tanto de las denunciantes como de los docentes involucrados, quienes conservan el principio jurídico de presunción de inocencia.
En este contexto, la institución también ha brindado acompañamiento a las estudiantes que decidieron presentar denuncias ante instancias externas, canalizándolas a servicios de apoyo psicológico, legal y social, en caso de que así lo requieran. De igual manera, madres de familia fueron citadas formalmente para informarles sobre las medidas adoptadas por la universidad en favor de la integridad física y emocional de sus hijas.
Cabe destacar que el protocolo implementado por la UTIM se encuentra alineado con el Manual de Implementación del Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción en casos de hostigamiento sexual, abuso sexual, discriminación, acoso y violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en escuelas públicas y privadas del estado de Puebla.
Este instrumento establece como obligaciones de las instituciones educativas garantizar espacios seguros, detectar de manera oportuna situaciones de riesgo, proteger los derechos de las estudiantes y dar seguimiento a cada caso hasta su resolución. Entre sus principios rectores se encuentran el respeto a la dignidad, la actuación inmediata e imparcial, la confidencialidad en el manejo de la información y la accesibilidad a mecanismos de atención.
Además de las medidas de atención, el protocolo contempla acciones de prevención como la capacitación constante del personal docente y administrativo en temas de igualdad de género, no discriminación y erradicación de la violencia, así como la implementación de talleres dirigidos al alumnado y padres de familia.
En este sentido, autoridades universitarias señalaron que desde el año pasado el Consejo Consultivo de la institución formalizó la adopción de estos lineamientos, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan comprometer la integridad de la comunidad estudiantil.
También se informó que, si bien el reglamento institucional promueve el uso de buzones de denuncia, en la práctica ha resultado más efectivo el acercamiento directo de los estudiantes a las Mesas de Atención instaladas dentro del campus, donde participan autoridades como el rector y la oficina de la Abogacía General para recibir quejas y canalizarlas de forma inmediata.
Mientras continúan las investigaciones tanto en el ámbito administrativo como en el legal, la separación de los docentes de sus funciones académicas se mantiene vigente como medida de protección. Será una vez concluidos los procedimientos internos y, en su caso, las diligencias ministeriales, cuando las autoridades competentes determinen si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades conforme a derecho. Entretanto, la universidad reiteró que su prioridad es garantizar un entorno seguro para el alumnado, sin vulnerar el debido proceso de las personas señaladas.
