El 28 de noviembre de 1911, el Ejército Libertador del Sur, comandado por Emiliano Zapata, proclamó el Plan de Ayala para refrendar los objetivos que perseguía el zapatismo desde el inicio de la Revolución: la devolución de las tierras a los campesinos, así como de montes y aguas usurpados por los hacendados.
El documento se firmó en el poblado de Ayoxuxtla, perteneciente al municipio de Huehuetlán el Chico, en la Mixteca poblana. A partir de la firma del plan, se definió el rumbo de la revolución agraria, que tardaría más de 20 años en hacerse realidad, en el gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río, con la repartición de tierras y la creación del ejido.
Sin embargo, a la llegada de los gobernantes neoliberales en 1988, estos principios declarados en 1911 y hechos realidad a partir de 1934, fueron desplazados por la privatización del campo, que favoreció a los grandes productores y acaparadores de tierras para el cultivo y la ganadería, y particularizó el agua, convirtiéndola en una mercancía y no en un derecho.
La reforma neoliberal permitió la venta de parcelas ejidales, las cuales, desde su creación se consideraron patrimonio familiar. Hoy, la venta de parcelas ejidales es el pan de cada día; grandes fraccionamientos y zonas comerciales de lujo se han levantado en tierras que fueron propiedad de pequeños agricultores y ejidatarios.
Con la reforma de Carlos Salinas se privatizó el servicio de agua potable en muchos municipios del país, y el derecho al agua privilegió a los grandes agricultores, a empresas refresqueras, a los grandes distribuidores de agua embotellada, los fraccionamientos de lujo y hasta campos de golf.
Esta situación, ha provocado que mantos acuíferos utilizados para el riego por pequeños propietarios y/o para el servicio doméstico amenacen con agotarse, por la sobreexplotación por parte de empresas privadas. Otro factor que daña el suministro de agua lo constituyen las mineras que trabajan a cielo abierto, que se apoderan de tierras, sobre todo en comunidades indígenas y contaminan mantos acuíferos y ríos.
El gobierno federal actual ha revertido varias de estas reformas neoliberales que privatizaron la tierra y el agua. Una de estas iniciativas es una nueva Ley General de Aguas, que obviamente, ha generado el descontento de los grandes beneficiados por los gobiernos neoliberales. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha explicado puntualmente el contenido de esta iniciativa en su comunicado del 19 de octubre.
El oficio menciona tres objetivos de esta reforma: fortalecer y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, recuperar la rectoría del Estado sobre la gestión del agua, y el ordenamiento del sistema de concesiones.
Con esto, se busca que el agua no sea considerada una mercancía, sino un derecho, por lo que se frena la transmisión de derechos entre particulares, se promueve una gestión eficaz y sustentable del agua, y la responsabilidad compartida entre autoridades y particulares.
El Plan de Ayala manifestó su rechazo a un gobierno que surgió de una revolución triunfante, pero que mantuvo la estructura porfirista y olvidó las demandas campesinas. Los gobiernos neoliberales cedieron ante el poder económico, anularon los derechos conseguidos a partir del Plan de Ayala y retornaron a una situación semejante a la del porfirismo.
Los hacendados de ayer, son los terratenientes de hoy y los grandes capitales dedicados a la construcción, la minería y el comercio voraz del agua.
La reacción, hacia un “golpe blando”
En política se ha creado un nuevo término: el “golpe blando”. Éste consiste en una estrategia orientada a derrocar un gobierno sin utilizar a las fuerzas armadas; se basa en manejar los medios informativos y las redes sociales, para generar un clima de desestabilización basado en mentiras, medias verdades, contrato de empresas de “bots”, y protestas callejeras como recursos para una guerra psicológica que lleva a los ciudadanos al descontento.
Esta estrategia ha sido utilizada en varios países del mundo, y se ha empezado a utilizar en México desde 2018, cuando se alertó a los mexicanos que con López Obrador llegaba el “comunismo”. Hasta un sector de la Iglesia Católica convocó a una jornada de rezos del rosario “para sacar al demonio del gobierno”.
Hoy, a partir de la marcha llamada de la “Generación Z”, se ha puesto en evidencia esta estrategia de “golpe blando” en contra del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En la marcha no hubo reclamos de los derechos de los jóvenes, sino el grito injurioso en contra de la Presidenta, la demanda de su destitución y el freno a la delincuencia (la injuria y las medias verdades), y se orquestó la violencia al Palacio Nacional y al Palacio de Justicia.
Los bloqueos de presuntos campesinos, que en realidad son los grandes productores y los acaparadores de granos y agua, forman parte de esta estrategia de “golpe blando”: desestabilizar al país y echarle la culpa al gobierno, a fin de generar descontento popular.
Los golpes blandos nunca tienen factura nacional, sino internacional. Detrás de toda la campaña de medios y de redes sociales, está plenamente documentada la mano directora de “Atlas Network”, una organización estadounidense, que ha operado en Brasil para llevar al poder a Jair Bolsonaro y en Argentina para entronizar a Milei.
En México, el principal instrumento de este “golpe blando” es el consorcio Salinas, TV Azteca principalmente, desde donde operan los mismos que llevaron al poder a la derecha en Brasil y Argentina, y que trabajan en Chile para llevar al triunfo al candidato de extrema derecha.
Desde las organizaciones políticas ,el principal impulsor del “golpe blando” es el Partido Acción Nacional (PAN), que ha dejado atrás los principios que le dieron origen y que estaban sustentados en la Doctrina Social Cristiana, para asumir una postura de extrema derecha, evidente en el cambio que han hecho de su lema; abandonaron el de los fundadores para adoptar el mismo lema del fascismo de Benito Mussolini: “Patria, familia y libertad”.
Nada es casualidad, todo está perfectamente organizado desde fuera del país, y únicamente los operadores son nacionales: TV Azteca, el PAN, lo que queda del PRI y las empresas creadoras de “bots”.
Todos esperan lograr la revocación de mandato, obtener mayoría en la Cámara de Diputados, y tener en 2030 un candidato perfectamente “manejable”, tal como lo hicieron con Xóchitl Gálvez en 2024.
