– El fallo exige agua potable y atención médica tras la muerte de cuatro mexicanos.
José Gallardo / Información Internacional
Una jueza federal de California ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la empresa GEO Group corregir de forma inmediata las condiciones del Centro de Procesamiento de Adelanto. La resolución responde a una demanda colectiva interpuesta por los internos tras los fallecimientos de los ciudadanos mexicanos Ismael Ayala Uribe y Gabriel García Avilés, ocurridos el otoño pasado.
La magistrada de distrito Sunshine S. Sykes determinó que la escasez de agua limpia, la alimentación deficiente y la negligencia médica en el recinto probablemente violan la Quinta Enmienda constitucional, la cual prohíbe el trato inhumano bajo custodia estatal. Por ello, mediante una medida cautelar, exigió garantizar suministro de agua las 24 horas, alimentos con calorías suficientes, acceso a patio por cuatro horas al día y limpieza diaria para la eliminación de moho. Asimismo, otorgó un plazo de 14 días a las autoridades para presentar un plan de atención médica que será supervisado por dos monitores independientes.
La resolución judicial coincide con un desencuentro diplomático. Veinticuatro horas después del fallo, el Departamento de Estado de Estados Unidos devolvió a México una carta de reclamo dirigida a GEO Group, argumentando que el gobierno mexicano intentaba intervenir en asuntos soberanos. La cancillería mexicana defendió el documento como parte de sus facultades de protección consular reconocidas internacionalmente.
El caso de Adelanto acumula meses de denuncias. En mayo, cerca de 40 detenidos iniciaron una huelga de hambre para protestar por el desabasto alimentario y la atención médica precaria, documentándose casos donde síntomas graves de dolor de pecho eran tratados únicamente con analgésicos comerciales y pastillas de menta. Además, legisladores demócratas denunciaron represalias, como aislamiento y traslados forzados, contra internos que reportaron abusos durante inspecciones al centro.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense rechazó asumir la responsabilidad directa de las operaciones, argumentando que no debe intervenir en el manejo diario de un contrato federal ejecutado por un tercero. Hasta el momento, se contabilizan 18 ciudadanos mexicanos fallecidos bajo la custodia de las autoridades migratorias del país vecino durante el actual periodo de gobierno.
