Se le acusa de ordenar ocultar videos clave sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Abraham Onofre / Información Nacional
El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, enfrentará un proceso penal por el delito de desaparición forzada. Un juez federal con sede en el penal del Altiplano determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para investigarlo por su relación con el caso de los estudiantes normalistas.
La decisión se tomó después de una audiencia que duró más de 15 horas. La acusación principal señala que el exmandatario dio la orden de ocultar y destruir videos clave grabados la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Según la Fiscalía, las cámaras del Palacio de Justicia captaron el momento en que hombres armados bajaron a los jóvenes de un camión para subirlos a otro, el cual se fue del lugar escoltado por policías.
Para sostener el caso, las autoridades se basaron en las declaraciones de dos exfuncionarias del Poder Judicial del estado. Una de ellas aseguró que tomó un disco con estas grabaciones y se lo entregó directamente al exgobernador el 29 de septiembre. Ese mismo día, Aguirre se lo habría dado a su entonces procurador, Iñaki Blanco, para que eliminara el material. También se mencionó que un sobrino del político, quien era su asesor, estaba al tanto de los hechos desde el inicio por supuestos nexos con grupos delictivos.
Por su parte, los abogados defensores presentaron más de 30 pruebas para intentar detener la acusación. Su argumento central fue que el 29 de septiembre Aguirre no estaba en Guerrero, sino en la Ciudad de México, en una junta con el entonces secretario de Gobernación. Con esto buscaban demostrar que era imposible que él recibiera el disco con los videos ese día. Sin embargo, el juez no consideró que estas pruebas fueran suficientes para cambiar su decisión en esta etapa del proceso.
Finalmente, la autoridad otorgó un plazo de 120 días para terminar la investigación complementaria y permitir a ambas partes reunir más evidencias. Mientras tanto, Ángel Aguirre se quedará recluido en la prisión de máxima seguridad del Altiplano. Su equipo legal ya adelantó que intentará conseguir la prisión domiciliaria, argumentando que su cliente tiene 70 años de edad y su estado de salud requiere cuidados especiales.
