-Congreso espera expediente para analizar solicitud contra la alcaldesa.
Redacción / Estatal.
El municipio de Acatlán de Osorio podría convertirse en el quinto caso de solicitud de revocación de mandato o destitución de autoridades municipales analizado por el Congreso del Estado de Puebla, informó el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Julio Miguel Huerta Gómez.
El legislador confirmó que el Congreso tiene conocimiento de una sesión de Cabildo realizada a principios de esta semana, en la que siete regidores y regidoras, junto con el síndico municipal, aprobaron un acuerdo para iniciar el procedimiento de revocación de mandato contra la presidenta municipal.
Huerta Gómez explicó que el Poder Legislativo deberá esperar la recepción formal de la documentación que sustente la petición antes de determinar su procedencia y realizar el análisis jurídico correspondiente.
Precisó que, una vez recibidos los documentos, estos serán revisados conforme a lo establecido por la ley para definir los pasos a seguir dentro del procedimiento.
Actualmente, el Congreso mantiene en trámite cuatro solicitudes relacionadas con revocación de mandato o destitución de autoridades municipales en Zapotitlán de Méndez, Soltepec, Cuyoaco y San Andrés Calpan, casos que aún no han sido resueltos.
Respecto a la situación de Acatlán de Osorio, el diputado señaló que las inconformidades están vinculadas principalmente con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y observaciones formuladas tanto por integrantes del Cabildo como por ciudadanos.
Asimismo, reveló que recientemente sostuvo una reunión con personas inconformes con la administración municipal, quienes le informaron que se encuentran integrando pruebas y documentación para respaldar su denuncia. Según explicó, uno de los acuerdos fue otorgarse un plazo de cinco días para reunir los elementos que serán presentados ante el Congreso.
El presidente de la Comisión de Gobernación también consideró necesaria la participación de la Auditoría Superior del Estado para realizar una revisión de los recursos públicos y de los señalamientos formulados contra la administración municipal.
