-Tribunales confirmaron la sentencia por homicidio en grado de tentativa y daño en propiedad ajena
Abraham Onofre / Izúcar de Matamoros, Pue.
Antonio N. recibió una sentencia de 9 años, 6 meses y 26 días de prisión por su responsabilidad en un ataque armado contra personal de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), ocurrido en agosto de 2022 en la comunidad de San Juan Colón, perteneciente a Izúcar de Matamoros.
La resolución quedó firme después de que un tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada en primera instancia y una autoridad judicial federal negó el amparo promovido por la defensa.
Los hechos por los que Antonio N. fue condenado ocurrieron el 12 de agosto de 2022, sobre la calle Emiliano Zapata de San Juan Colón, cuando elementos de investigación de la FGE circulaban a bordo de una camioneta oficial.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el ahora sentenciado se colocó en el carril contrario, a aproximadamente 10 metros de distancia de la unidad, y presuntamente comenzó a disparar contra el vehículo con una pistola calibre .38.
Cuando los agentes detuvieron la marcha de la camioneta, uno de ellos se incorporó en la batea. En ese momento, Antonio N. realizó otros disparos dirigidos hacia el personal.
Dos proyectiles impactaron el chaleco balístico de uno de los policías, a la altura del esternón y del costado. Un tercer disparo alcanzó la unidad oficial y provocó daños en la salpicadera.
Después de la agresión, Antonio N. arrojó el arma e intentó escapar a bordo de una motocicleta. Sin embargo, los elementos de investigación lograron cerrarle el paso y concretaron su detención.
A partir de la detención se desarrolló el proceso penal, durante el cual fueron incorporados distintos elementos de prueba, entre ellos investigaciones balísticas, dictámenes médicos y estudios técnicos relacionados con los hechos.
El Tribunal Unitario de Enjuiciamiento determinó que Antonio N. era responsable, como autor material, de los delitos de homicidio en grado de tentativa y daño en propiedad ajena.
La defensa recurrió la resolución ante las instancias correspondientes. Posteriormente, un tribunal de alzada confirmó el fallo y, más adelante, un tribunal federal negó el amparo promovido por la defensa.
Con estas determinaciones, la sentencia condenatoria adquirió carácter firme y dejó sin efecto la posibilidad de modificarla mediante los recursos legales que habían sido promovidos dentro del proceso.
Además de los 9 años, 6 meses y 26 días de prisión, la resolución contempla una multa, la suspensión de derechos civiles y políticos, así como el pago correspondiente por la reparación del daño moral y material.
