-Propuesta busca ampliar pagos electrónicos mediante sectores estratégicos y servicios financieros
Redacción / Ciudad de México.
El Gobierno federal presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta que busca impulsar el uso de medios de pago electrónicos en México y disminuir gradualmente la dependencia del efectivo, aunque sin eliminarlo de manera inmediata.
El proyecto plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine qué sectores estratégicos y actividades relevantes podrán operar exclusivamente con pagos digitales. Entre los ámbitos mencionados públicamente como posibles primeras etapas se encuentran las gasolineras y las casetas de peaje, aunque la legislación aún no define de manera definitiva cuáles serán incluidos.
La iniciativa también propone facilitar la contratación de productos y servicios financieros mediante herramientas como la CURP Digital y el expediente digital ciudadano, con el objetivo de ampliar la inclusión financiera y simplificar los procesos de identificación de los usuarios.
Además, instituciones públicas y empresas privadas tendrían la obligación de habilitar infraestructura para aceptar pagos mediante códigos QR y tecnología NFC, así como informar a la población sobre la disponibilidad de estos métodos de cobro.
El documento contempla una excepción: en caso de contingencias que impidan recibir pagos electrónicos, los sectores estratégicos podrán aceptar efectivo o cheque de manera temporal, aunque esa medida no podrá utilizarse de forma permanente para evitar la transición digital.
La propuesta no establece sanciones específicas para las entidades que retrasen la adopción de estos mecanismos, mientras que asigna al Banco de México facultades para fortalecer la infraestructura de transferencias electrónicas y homologar la experiencia de uso de aplicaciones financieras.
Tras conocerse el proyecto, surgieron debates en redes sociales donde algunos usuarios expresaron preocupación por un posible control sobre las finanzas personales; sin embargo, el texto de la iniciativa se encuentra todavía en proceso legislativo y deberá ser discutido, modificado o aprobado por el Congreso antes de entrar en vigor.
