-Corte Suprema decidirá si miles de enfermos podrán continuar litigios contra el herbicida
Redacción / Información nacional.
La farmacéutica alemana Bayer enfrenta uno de los momentos más decisivos de su historia reciente mientras espera un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que podría determinar el futuro de miles de demandas por presuntos efectos cancerígenos del herbicida Roundup. La resolución, prevista para mediados de año, no solo impactará a la compañía, sino también a quienes buscan mantener abiertas las vías legales para reclamar daños a la salud.
El conflicto legal se remonta a 2018, cuando Bayer adquirió a Monsanto, fabricante original de Roundup. Desde entonces, la empresa ha acumulado cerca de 170 mil reclamaciones en Estados Unidos, de las cuales aún permanecen activas unas 65 mil. Estas demandas sostienen que el glifosato, principal componente del producto, está relacionado con distintos tipos de cáncer.
El peso de los litigios ya se refleja en las finanzas de la compañía. En su último reporte anual, Bayer registró pérdidas por aproximadamente 3 mil 620 millones de euros, profundizando una tendencia negativa respecto al año anterior. Además, ha destinado más de 11 mil 800 millones de euros en provisiones para enfrentar procesos legales y acuerdos extrajudiciales.
La empresa también anunció un posible acuerdo colectivo por hasta 7 mil 250 millones de dólares para resolver parte de los casos pendientes, aunque su aprobación definitiva aún está en revisión judicial. Paralelamente, el grupo ha gastado más de 10 mil millones de dólares en acuerdos relacionados con Roundup desde la adquisición de Monsanto.
El eje del debate legal radica en si Bayer puede ser demandada bajo leyes estatales por no incluir advertencias de riesgo en sus productos, a pesar de que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) no clasifica el glifosato como cancerígeno. Esta postura contrasta con la evaluación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que lo considera “probablemente cancerígeno”.
La Corte Suprema deberá definir si las regulaciones federales sobre etiquetado prevalecen sobre las legislaciones estatales. Un fallo favorable a Bayer limitaría significativamente la capacidad de los demandantes para continuar con sus casos, al establecer un criterio uniforme que impediría a los estados exigir advertencias adicionales.
En el ámbito político, la administración de Donald Trump ha respaldado la posición de la empresa, argumentando que permitir criterios distintos entre estados generaría inconsistencias regulatorias. Funcionarios federales han señalado que un sistema con múltiples estándares de advertencia podría afectar la claridad del etiquetado de productos.
Por su parte, Bayer sostiene que el glifosato es seguro y fundamental para la agricultura moderna. Su director ejecutivo, Bill Anderson, ha defendido el uso del herbicida como una herramienta clave para la producción de alimentos y la gestión de cultivos, al tiempo que justifica la búsqueda de acuerdos legales para reducir la carga financiera de los litigios.
A pesar de las pérdidas, la compañía mantiene operaciones sólidas en otros sectores. Su facturación anual alcanzó los 45 mil 580 millones de euros y proyecta ingresos similares para el próximo año, impulsados por sus divisiones de semillas y medicamentos.
