-Indignación latina, crisis hídrica en Chiapas y daños a la salud alimentan el rechazo a la marca
Juan Rubio / Nacional.
Coca-Cola enfrenta en México una tormenta de frentes simultáneos: un boicot impulsado por la comunidad latina en respuesta a posturas políticas percibidas como una traición, una crisis hídrica documentada en Chiapas donde sus plantas extraen millones de litros de agua diariamente, y un deterioro sostenido de la salud pública vinculado al consumo excesivo de sus bebidas azucaradas. El resultado se refleja en los estados financieros: Coca-Cola FEMSA registró una caída de 17.4% en su utilidad operativa en México durante el primer trimestre de 2026 y su utilidad neta retrocedió 15.5%, totalizando 4 mil 342 millones de pesos.
El movimiento de rechazo a la marca cobró fuerza en redes sociales a partir de enero de 2026, cuando el presidente de Coca-Cola entregó una lata del refresco a Donald Trump durante su toma de posesión en Washington. El gesto fue interpretado por millones de latinos como una señal inequívoca de alineación con políticas que consideran directamente lesivas para su comunidad. En TikTok y X, la etiqueta #BoicotCocaCola se multiplicó con videos de consumidores rechazando comprar los productos, desechando botellas y recomendando alternativas como Pepsi o Red Cola, marca mexicana que algunos usuarios reivindicaron bajo el argumento del consumo nacional. «Coca-Cola le dio la espalda a los latinos, a la gente que construyó la empresa y la hizo exitosa fuera de Estados Unidos», sintetizaron los inconformes en redes. El boicot se enmarcó también en la guerra comercial entre México y Estados Unidos, tras las amenazas arancelarias de Trump contra productos mexicanos. Hasta el momento, Coca-Cola no ha emitido pronunciamiento oficial al respecto.
El rechazo ciudadano, sin embargo, no nació en 2026. Tiene raíces más profundas en la relación que la compañía mantiene con los recursos hídricos de México, particularmente en Chiapas. Desde 1995, FEMSA Coca-Cola opera una planta embotelladora en las faldas del cerro Huitepec, a las afueras de San Cristóbal de las Casas, con concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para extraer más de 1.08 millones de litros de agua por día. El costo que paga la compañía por esas concesiones es casi simbólico: menos de 150 euros anuales por cada uno de los 40 permisos vigentes en México, muchos obtenidos por periodos de hasta 50 años, en el marco de una Ley de Minas impulsada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1992. En ese mismo año, la empresa obtuvo 562 millones de dólares en beneficios y 8 mil millones en ingresos globales.
Las consecuencias sobre las comunidades locales son concretas. En San Felipe Ecatepec, los pozos se están secando y los habitantes deben caminar hasta dos horas para obtener agua para el consumo diario, mientras una de cada tres familias chiapanecas carece de agua corriente. La paradoja es que el pozol —bebida fermentada tradicional de la región— y los refrescos resultan más baratos y accesibles que el agua potable para las comunidades más empobrecidas e indígenas, lo que ha profundizado un ciclo de dependencia al refresco con consecuencias directas en la salud. La situación llegó a ser denunciada por la ONU, que señaló el desabastecimiento que enfrentan las poblaciones en pobreza y los pueblos indígenas chiapanecos.
El impacto en la salud pública es la tercera dimensión del problema. México consume más de 160 litros de refresco por persona al año, según datos de la UNAM, cifra que coloca al país entre los mayores consumidores a nivel mundial. En Chiapas el fenómeno es aún más pronunciado: el consumo medio de Coca-Cola en el estado es 32 veces superior al promedio mundial, con 821.2 litros por persona al año, según datos del CONAYT. Esta saturación del mercado local ha desplazado bebidas tradicionales como el pozol y el pox, y está directamente asociada al incremento de diabetes, obesidad e hipertensión, enfermedades que afectan de manera desproporcionada a comunidades indígenas tzotziles, donde el refresco ha llegado incluso a incorporarse en ceremonias y rituales tradicionales.
Ante este escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum reforzó desde enero de 2026 el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, medida que elevó el precio de presentaciones populares entre un 15% y 20%. El objetivo declarado es desincentivar el consumo, especialmente entre menores de edad, aunque el efecto colateral ha sido una presión adicional sobre los pequeños comercios, que reportan caídas de ventas de entre 15% y 20% dado que los refrescos representan hasta 15% de su ticket promedio.
Lo que los números del primer trimestre de 2026 revelan es que Coca-Cola enfrenta en México algo más complejo que una disputa fiscal. La combinación de un boicot con respaldo masivo en redes sociales, una deuda ambiental documentada con las comunidades chiapanecas y décadas de impacto negativo en la salud pública ha reconfigurado la percepción de la marca entre los consumidores mexicanos. FEMSA ha respondido con promesas de eficiencias operativas y campañas vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA, pero la pregunta que persiste es si esas estrategias son suficientes para atender un cuestionamiento que ya no es solo sobre el precio de una botella, sino sobre el costo real que paga el país por producirla.
