– Las nuevas normas limitan los operativos encubiertos, establecen demandas y fijan impuestos a prisiones privadas.
José Gallardo / Información Internacional
El estado de California ha dado un paso contundente en la regulación de las actividades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), al aprobar un paquete de 21 leyes. A partir del 1 de enero de 2027, estas medidas limitarán las operaciones de los agentes federales y buscarán proteger los derechos de los migrantes en su territorio.
El gobernador Gavin Newsom argumentó que estas acciones responden a lo que calificó como fallas del gobierno federal en la protección de las comunidades. «California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en materia de control migratorio», afirmó Newsom, señalando que las prioridades federales han descuidado el bienestar de las familias.
Las nuevas regulaciones cambian las reglas del juego para los agentes del ICE en California. Se les prohíbe operar de manera encubierta, sin identificación visible o utilizando vehículos civiles sin logotipos oficiales. Además, el uso de guantes con descargas eléctricas quedará vetado, y no podrán realizar operativos en cortes estatales, estacionamientos o propiedades del gobierno de California.
Uno de los puntos clave del paquete legislativo es la rendición de cuentas. Si los agentes del ICE o de la Patrulla Fronteriza violan los derechos civiles de cualquier persona dentro del estado, podrán enfrentar demandas civiles. En casos más graves, como operaciones que resulten en la muerte de una persona, la fiscalía de California tendrá la facultad de investigar y procesar a los agentes involucrados.
El impacto económico también es parte de las nuevas leyes. Las prisiones privadas para migrantes, que operan bajo acuerdos millonarios con el gobierno federal, deberán pagar un impuesto del 25% sobre sus ganancias anuales a California. Si alguna empresa planea abrir un nuevo centro de detención, necesitará obtener primero el apoyo de la comunidad local.
Además de los impuestos, los centros de detención deberán cumplir con estándares de salud y seguridad más estrictos. Esto incluye garantizar atención médica, agua potable y comida saludable para los detenidos. La Fiscalía del estado ampliará su capacidad para realizar inspecciones anuales en estas instalaciones y asegurar que se cumplan las normativas.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido una respuesta oficial sobre este conjunto de leyes. Sin embargo, estas medidas establecen un nuevo precedente en el control migratorio a nivel estatal, y su implementación podría inspirar iniciativas similares en otras regiones del país estadounidense.
