Dr. Melitón Lozano Pérez
El amor, reducido con frecuencia a una categoría sentimental, a un adorno retórico de la gestión política, entraña en realidad una densidad ontológica y mística de dimensiones profundas. Lejos del sentimentalismo superficial que busca adormecer las conciencias, el amor en su sentido auténticamente político es el acto ético primordial: el reconocimiento incondicional de la existencia del otro en su dignidad intrínseca.
Como lo advertía el biólogo y filósofo Humberto Maturana, el amor se revela en las condiciones concretas de su manifestación; no es una abstracción, sino la apertura del espacio relacional en el cual el otro surge como un legítimo otro en convivencia con uno. Cuando la política despoja al amor de la cursilería para asumirlo como fundamento ético, el Estado deja de ser una fría maquinaria burocrática de control social para transformarse en un espacio de cuidado comunitario y preservación de la vida.
Esta concepción del afecto como motor de transformación social posee antecedentes definitivos en la América Latina contemporánea. Ernesto “Che” Guevara sostenía que “el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”, una máxima que sitúa a la afectividad como motor ideológico de la transformación social.
En la narrativa regional, la apelación a este sentimiento ha servido como respuesta moral frente al desgarramiento provocado por modelos excluyentes. Andrés Manuel López Obrador formuló el uso más sistemático de este principio en México al proponer la República Amorosa como una categoría política orientada a la revolución de las conciencias basada en el amor al prójimo y a la patria, condensada en la premisa de que “amor con amor se paga”.
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva defendió la idea de que el amor vencería al odio como respuesta frente a la polarización. José “Pepe” Mujica contrapuso el odio como fuerza destructiva al amor por la vida y la sobriedad, mientras que Gustavo Petro proclamó la política del amor como principio ético para sanar las heridas del conflicto armado e instaurar una potencia mundial de la vida.
El denominador común entre estas vertientes ha sido la urgencia de humanizar el proyecto político frente a las inercias del mercado y elevar la función pública a una tarea de regeneración moral y ética. Sin embargo, el Humanismo Mexicano plantea un paso adicional: convertir el amor en parte de la arquitectura institucional del Estado.
Fue precisamente en su Segundo Informe de Gobierno donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sintetizó esta idea con la frase:
“Y quizá ahí se encuentra una de las mayores transformaciones de nuestro tiempo: haber convertido el amor en política pública, y la política pública en derechos que le pertenecen al pueblo de México.”
Esta formulación plantea que el bienestar social deja de entenderse como un acto de caridad para convertirse en un derecho constitucional. Al institucionalizar la solidaridad y la ética del cuidado, el pueblo deja de ser un receptor pasivo de la ayuda estatal y se convierte en el sujeto creador de la potencia política y de sus propios derechos.
Como ejemplo de esa transformación, el texto menciona diversos indicadores del gobierno federal: una inversión de un billón de pesos destinada al bienestar, 42 millones de personas beneficiarias de programas sociales, 14.1 millones de adultos mayores con pensión universal, 1.8 millones de personas con discapacidad apoyadas y 19 millones de estudiantes que reciben becas para evitar el abandono escolar. También señala la meta de 1.8 millones de acciones de vivienda, así como la inauguración de 38 hospitales, 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud en dos años. Además, indica que el salario mínimo pasó de 2,800 pesos mensuales en 2018 a 9,584 pesos en 2026.
En su parte final, el ensayo vincula esta visión con el gobierno de Alejandro Armenta mediante el postulado “Por Amor a Puebla”, al señalar que dicho proyecto se sustenta en la Bioética Social, entendida como un modelo donde el ejercicio del poder público debe velar por la preservación, el respeto y la prosperidad integral de la vida, integrando salud ambiental, cohesión comunitaria y justicia distributiva. Concluye que, tanto a nivel federal como estatal, el amor adquiere sentido político cuando se traduce en derechos e instituciones permanentes.
