-Telefónicas alertan riesgos y bajo avance del padrón nacional
Redacción / Nacional.
El registro obligatorio de líneas celulares vinculado a la CURP continúa generando debate en México, luego de que usuarios en redes sociales impulsaran llamados para no completar el trámite mientras compañías telefónicas y especialistas advierten posibles afectaciones económicas, operativas y de privacidad derivadas del nuevo sistema.
En plataformas digitales, miles de usuarios comenzaron a promover la idea de no registrar sus números telefónicos con la Clave Única de Registro de Población, bajo el argumento de que la presión social podría obligar al gobierno federal a replantear la medida antes de que entre plenamente en vigor.
La discusión tomó fuerza después de que trascendiera que empresas como Telcel, AT&T México y Movistar México, junto con operadores móviles virtuales, manifestaron preocupaciones sobre el funcionamiento del esquema obligatorio y solicitaron ajustes para evitar afectaciones masivas a usuarios y compañías.
De acuerdo con datos difundidos por actores de la industria, hasta abril de 2026 se habían registrado poco más de 30 millones de líneas celulares, pese a que en México existen más de 160 millones de números activos. Esto significa que una gran parte de los usuarios aún no realiza el trámite, a poco más de un mes de la fecha límite establecida por las autoridades.
La medida se volvió obligatoria desde enero de 2026 y forma parte de una estrategia impulsada para combatir delitos como extorsión, fraude telefónico y uso anónimo de líneas móviles.
Sin embargo, el esquema ha provocado dudas entre millones de usuarios que consideran riesgoso compartir información personal vinculada a sus números telefónicos. En redes sociales, algunos ciudadanos expresaron preocupación por el manejo futuro de sus datos, mientras otros señalaron temor a posibles usos indebidos o mecanismos de vigilancia.
Actualmente, el registro requiere CURP, identificación oficial, fotografía o selfie y validación del número telefónico. En el caso de empresas, las líneas deben vincularse mediante RFC.
Especialistas del sector telecomunicaciones advirtieron que el modelo presenta debilidades técnicas y operativas. Uno de los señalamientos más frecuentes es que el sistema no contempla biométricos completos, situación que, según expertos, podría limitar su efectividad para combatir delitos y abrir nuevas vulnerabilidades en materia de protección de datos.
Ernesto Piedras, director de la consultora The CIU, consideró que el esquema actual podría generar más riesgos que soluciones si no se fortalecen los mecanismos de validación y seguridad.
A nivel económico, representantes de la industria señalaron que la implementación del registro obligatorio podría costar más de 4 mil millones de pesos a las compañías telefónicas debido al desarrollo de plataformas, almacenamiento de información y procesos de validación de identidad.
Además, la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales advirtió que el proceso ya comenzó a afectar la incorporación de nuevos usuarios, particularmente en el segmento de prepago, donde existe alta rotación de líneas.
El debate también creció debido a las posibles consecuencias para quienes decidan no registrar su número. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones advirtió que las líneas no registradas podrían ser suspendidas a partir del 1 de julio de 2026.
En caso de suspensión, los usuarios perderían acceso a llamadas, mensajes SMS y datos móviles, conservando únicamente la posibilidad de realizar llamadas de emergencia y recibir alertas oficiales hasta completar el trámite correspondiente.
Mientras tanto, en redes sociales comenzó a circular la idea de que una resistencia masiva podría presionar a las compañías telefónicas y eventualmente al gobierno para modificar o cancelar el esquema obligatorio.
Usuarios aseguran que el bajo avance en el padrón estaría comenzando a generar preocupación dentro del sector telecomunicaciones debido al riesgo de pérdida de clientes, disminución de ingresos y afectaciones comerciales derivadas de la suspensión de millones de líneas.
Pese a ello, hasta ahora las autoridades federales mantienen vigente el proceso de registro obligatorio y sostienen que la medida busca fortalecer las herramientas de seguridad y rastreo de actividades ilícitas relacionadas con telefonía móvil.
Con el plazo acercándose y millones de líneas aún sin registrar, el debate entre privacidad, seguridad y control de datos personales continúa creciendo entre usuarios, especialistas y empresas de telecomunicaciones en todo el país.
