– Organizaciones civiles acusan al gobierno de bloquear la defensa legal de miles de detenidos.
José Gallardo / Información Internacional
Diversas organizaciones de asistencia legal presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, tras la implementación de una política que oculta la ubicación de personas con órdenes finales de deportación. Esta medida, señalan los demandantes, impide que los abogados localicen a sus clientes y defiendan sus derechos.
La denuncia, interpuesta en un tribunal federal de Boston, busca frenar una directriz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que eliminó los datos de ubicación de su sistema público. Según los abogados, esta acción interfiere directamente con su labor, ya que imposibilita el contacto con los detenidos.
«A nadie se le debe negar una oportunidad real de defender sus derechos porque el Gobierno ha imposibilitado que sea localizado por su abogado», declaró Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services.
Hasta el mes pasado, la medida afectaba a más de 16 mil de los casi 69 mil detenidos bajo custodia del ICE. Aunque las autoridades argumentan que los detenidos pueden realizar llamadas telefónicas, los abogados aseguran que las líneas de atención presentan fallas constantes y largos tiempos de espera, lo que ha derivado en la pérdida de plazos legales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la medida argumentando que su prioridad es la expulsión de personas con órdenes finales. Sin embargo, los grupos demandantes sostienen que la política viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Primera Enmienda, al obstaculizar la asesoría legal.
El proceso legal continúa en desarrollo mientras los defensores intentan restablecer el acceso a la información que, desde 2010, permitía a las familias y abogados rastrear a los detenidos en la red de instalaciones del ICE.
