La iniciativa presidencial sobre el derecho de las audiencias en radio y televisión, que está sometida a discusión por comunicadores y dueños de medios, así como de las mismas audiencias, es decir de radioescuchas y televidentes, ha despertado reacciones encontradas. Para algunos, el fortalecimiento del derecho de las audiencias es necesario, en tanto que para otros representa límites a la libertad de expresión, consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución.
El asunto parte de una realidad innegable: las estaciones de radio y televisión, cuyos objetivos son informar, opinar y divertir, hoy caminan en un terreno que no distingue entre la verdad y la mentira, entre el respeto a las personas físicas y/o a las instituciones, y la difamación y la injuria.
Esto lleva, entre otros problemas, a la desinformación, la manipulación y la enajenación. Esto lo vemos en conductores de noticias que difunden noticias falsas, reporteros que editorializan cuando deberían informar, comentaristas que difaman e injurian, estrategias cuyo objetivo es sembrar miedo, temor, odio hacia quienes no coinciden en modos de pensar o actuar.
El ejemplo extremo de esta situación que vive tanto el país como el mundo, es el espacio digital “Derecha Diario”, dedicado a desinformar, calumniar e injuriar la figura presidencial. Calificativos como “narcopresidente”, “narcopartido”, aviones que salen de Palenque con rumbo desconocido (¿a dónde irá AMLO?), gobierno comunista, y un largo etcétera de injurias y noticias falsas.
En qué consiste la iniciativa
La iniciativa que se presenta a consulta de los medios, periodistas, comentaristas y audiencias, plantea cuáles son los derechos de los radioescuchas, los televidentes y lectores de medios digitales.
Plantea como derechos de las audiencias recibir información veraz y oportuna, y evitar la difusión de información falsa o descontextualizada, como difundir información antigua como si fuera actual; no presentar opiniones o publicidad como si fueran noticias; y hacer público el respeto al derecho de réplica.
Algo relevante en la iniciativa es que no hay censura por parte del Estado; serán los mismos medios quienes deberán contar con un código de ética, que defina los criterios de la actividad comunicativa del medio y la obligación de difundir información veraz, además de la designación por parte de cada medio de una persona defensora de las audiencias, que se rija por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia.
Así mismo, la iniciativa considera mecanismos administrativos y legales para la protección de los derechos de las audiencias. Así, cuando la defensoría de las audiencias reciba una queja, se analizará y si determina que se vulneraron los derechos de la persona, emitirá una recomendación al medio; pero si ésta no es atendida, intervendrá entonces la “Comisión Reguladora”, que tendrá la facultad de imponer sanciones o multas al medio en cuestión.
Sin duda, el establecimiento de la defensoría de la audiencia es muy distinta a los mecanismos de control que en el siglo XX y principios del actual se utilizaban en los medios, tanto en la prensa escrita como en radio y televisión. Entonces existía una censura abierta, controlada por la Secretaría de Gobernación y sustentada en mecanismos represivos.
Cuando se ingresaba a trabajar en un medio informativo, a los reporteros se les dejaba claro que había tres temas intocables: el presidente de la República, el Ejército y la Virgen de Guadalupe. Era el primer paso de la censura.
El ejemplo más claro y perverso de esta censura que iba en contra de los derechos de las audiencias, fue la forma en que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, a través de la Secretaría de Gobernación, operada entonces por Luis Echeverría, manejó “la matanza de Tlatelolco”.
Agentes de Gobernación se presentaron en las redacciones de los periódicos, supervisaron la información de la masacre de estudiantes, confiscaron rollos fotográficos, y al siguiente día había una total coincidencia en la información en todos los medios; todos afirmaban que fueron los estudiantes quienes iniciaron el ataque, era la orden de Gobernación.
Hoy, a pesar de lo que digan políticos como el priísta Rubén Moreira de que la iniciativa “quiere decidir qué ve la gente, qué escucha la gente, qué opiniones no debe escuchar la gente”, o la señora Kenia López Rabadán, que acusa de querer inhibir el ejercicio libre del periodismo, la iniciativa avanza en sentido contrario de esa censura establecida en los gobiernos priístas.
Pero, además, hay que puntualizar que la iniciativa aún no es ley, ni siquiera ha llegado al Congreso de la Unión, sino que se ha puesto a consulta, al análisis de todos los involucrados, en un ejercicio democrático que concluirá el 21 de agosto.
Por tanto, estamos en un tiempo en que se deben escuchar las voces de los concesionarios de radio y televisión, los periodistas, los comentaristas, las organizaciones ligadas al quehacer informativo, en fin, las voces de todos los interesados de que en México exista un periodismo independiente, responsable y veraz.
Por otro lado, habrá que determinar los límites de la libertad de expresión consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución del país. La iniciativa, lejos de limitar esta libertad, la respeta, pero marca cuáles son sus límites.
Recordemos que a todo derecho corresponde una obligación, y una de las obligaciones de la libertad de expresión es el respeto a la vida privada, así sea de personas públicas, respeto al honor y la honra, evitando aquello que ponga en peligro la paz pública y la seguridad nacional.
Cuando se calumnia o se emiten injurias contra alguna persona o institución, cuando la desinformación lleva a la desconfianza, al temor, a la manipulación de las conciencias, cuando se calumnia como un recurso para sembrar el odio y generar violencia, se está poniendo en peligro a las personas y a la paz.
Retazos
El 31 de julio se cumplieron cien años del cierre de templos en México y el inicio de la llamada “Guerra Cristera”. Frente al endurecimiento de las leyes establecidas en materia de cultos, los obispos mexicanos decidieron suspender el culto y los templos se cerraron. Esto provocó un levantamiento espontáneo de campesinos católicos, que cuatro meses después se convirtió en una guerra abierta en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles. La “Cristiada” es un tema que, a cien años de su inicio, sigue siendo motivo de discusión sobre el papel de la Iglesia Católica en la vida nacional.
