Redacción
Información nacional.
A un mes de que autoridades de Estados Unidos acusaran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios de presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, las investigaciones continúan sin que se hayan presentado públicamente las pruebas que sustenten los señalamientos.
Las acusaciones, dadas a conocer el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia estadounidense, provocaron una crisis política en Sinaloa. Rocha Moya solicitó licencia al cargo el pasado 1° de mayo, y posteriormente informó que acudió a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR), al igual que otros ex integrantes de su administración.
Entre los avances más relevantes destaca el caso de Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública estatal, quien fue detenido en Arizona tras cruzar la frontera por Nogales, y compareció ante una corte federal en Nueva York, donde rechazó los cargos en su contra. También trascendió, aunque sin confirmación oficial, que Enrique Díaz Vega, ex funcionario de Administración y Finanzas, presuntamente se habría entregado a autoridades estadounidenses.
Por otra parte, Dámaso Castro Zaavedra, Juan de Dios Gámez Mendívil y Marco Antonio Almanza Avilés, comparecieron ante autoridades mexicanas, y negaron cualquier relación con el crimen organizado. Sin embargo, el paradero de Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán, sigue sin conocerse públicamente, mientras que el senador Enrique Inzunza Cázares, es el único de los acusados que permanece en funciones y aseguró haber colaborado con las investigaciones.
