-Legisladoras denuncian daños ambientales; resurge el debate sobre el doble rasero de Washington
Redacción / Nacional.
Dos congresistas demócratas de Estados Unidos recorrieron las cavernas del Sistema Aktun T’uyul, en Quintana Roo, para documentar presuntos daños ambientales atribuidos al Tramo 5 del Tren Maya. Sin embargo, su visita no solo colocó nuevamente en la agenda las denuncias por afectaciones a cenotes y selva, sino que desató una fuerte discusión sobre la autoridad moral de Washington para cuestionar proyectos mexicanos cuando diversos estudios internacionales señalan a Estados Unidos como uno de los principales responsables del sobreconsumo y explotación de recursos naturales a nivel mundial.
La gira de Karines Reyes y Emerita Torres coincidió con un momento de creciente tensión política en América Latina, donde también pesa el reciente acuerdo petrolero impulsado por la administración estadounidense en Venezuela, un tema que ha sido señalado por diversos sectores como un ejemplo de la expansión de los intereses energéticos de Estados Unidos en la región.
Legisladoras ingresan a cuevas atravesadas por pilotes
Karines Reyes, representante del Distrito 87 de Nueva York, y Emerita Torres, del Distrito 85, llegaron a México el pasado 28 de agosto para conocer distintos conflictos ambientales en la Península de Yucatán.
Durante su recorrido descendieron al Sistema Aktun T’uyul, un complejo de ríos y cavernas subterráneas ubicado entre Cancún y Tulum, donde observaron pilotes que sostienen parte de la infraestructura ferroviaria del Tren Maya.
La impresión más fuerte fue narrada por Emerita Torres, quien describió el contraste entre la claridad del agua y las perforaciones visibles en el techo de las cuevas.
“Estábamos cruzando el río y vi el primer pilote; luego otros tres consecutivos. Ahí entendí el impacto que tiene sobre un lugar tan extraordinario”, expresó la legisladora tras concluir el recorrido.
Según las congresistas, las modificaciones observadas en las cavernas refuerzan las denuncias de organizaciones civiles que durante años han advertido sobre posibles afectaciones al acuífero y al ecosistema de la Riviera Maya.
Exigen estudios y cumplimiento de la ley
Las representantes demócratas afirmaron que cualquier megaproyecto debe estar respaldado por estudios científicos capaces de medir sus consecuencias ambientales antes y durante su operación.
Karines Reyes sostuvo que México posee legislación ambiental importante y consideró indispensable que el marco jurídico se aplique sin excepciones para evitar daños irreversibles.
Además, explicó que su trabajo legislativo en Nueva York está vinculado con políticas de cambio climático y protección del agua, razón por la cual buscó conocer experiencias que puedan servir como referencia para futuras iniciativas en Estados Unidos y Puerto Rico.
Organizaciones denuncian una presión creciente sobre el territorio
Durante su estancia, las congresistas también sostuvieron reuniones con integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), Moce Yax Cuxtal y el colectivo Sélvame del Tren.
Los activistas expusieron un panorama más amplio que incluye denuncias por:
destrucción de selva y fragmentación del hábitat de fauna silvestre;
contaminación de ríos y cenotes subterráneos;
despojo de tierras para proyectos energéticos;
expansión de granjas porcícolas y monocultivos;
hostigamiento contra personas defensoras del territorio.
También plantearon preocupaciones relacionadas con el sargazo, la salud de delfines en cautiverio y la propuesta para ampliar el Área Natural Protegida de Xcacel-Xcacelito.
El doble rasero que encendió el debate
La visita de las legisladoras provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron que representantes estadounidenses señalen presuntos daños ecológicos en México mientras Estados Unidos mantiene un largo historial de intervención sobre recursos estratégicos en otras naciones.
Los comentarios más difundidos ironizaron sobre las verdaderas motivaciones del recorrido.
“¿Qué metal precioso habrán encontrado para decir eso?”, escribió un usuario.
Otros mensajes aludieron directamente al petróleo venezolano y a la política exterior estadounidense, reflejando una percepción ampliamente compartida entre quienes consideran que Washington aplica criterios distintos cuando se trata de sus propios intereses económicos.
Esas opiniones corresponden al debate público generado en plataformas digitales y no constituyen evidencia sobre las intenciones de la delegación estadounidense.
Un estudio coloca a Estados Unidos entre los mayores responsables
Más allá de la discusión política, un estudio internacional encabezado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, y publicado en The Lancet, concluyó que las economías de altos ingresos son responsables del 74% del exceso global en la extracción de recursos naturales entre 1970 y 2017.
El informe atribuye a Estados Unidos el 27% del sobreconsumo mundial de materiales, seguido por los países de la Unión Europea con el 25%, mientras China concentra el 15%. La investigación analiza a 160 países y sostiene que minerales, madera, biomasa y combustibles fósiles han sido explotados muy por encima de los límites considerados sostenibles.
El investigador Jason Hickel afirmó que las naciones ricas mantienen una deuda ecológica con el resto del mundo debido al impacto acumulado de su modelo de desarrollo sobre los recursos planetarios.
Venezuela reaviva las críticas al intervencionismo
La controversia tomó mayor dimensión por el reciente acuerdo energético anunciado entre Estados Unidos y el gobierno venezolano, mediante el cual una empresa con participación estadounidense obtuvo concesiones sobre 17 yacimientos petroleros que concentran alrededor de 65 mil millones de barriles de reservas probadas.
Mientras la Casa Blanca presentó el convenio como un acuerdo estratégico para fortalecer su seguridad energética, organizaciones, analistas y sectores de la izquierda latinoamericana lo califican como una cesión de soberanía y una nueva etapa de control estadounidense sobre recursos venezolanos.
El caso ha sido utilizado por críticos de Washington para argumentar que resulta contradictorio denunciar impactos ambientales en México mientras se impulsan operaciones de gran escala sobre recursos energéticos en otros países del continente.
Una discusión que trasciende al Tren Maya
El Tramo 5 del Tren Maya continúa siendo uno de los segmentos más cuestionados del proyecto ferroviario por las denuncias relacionadas con cuevas, cenotes y biodiversidad. Al mismo tiempo, el Gobierno de México sostiene que la obra representa una apuesta por el desarrollo económico y la conectividad del sureste.
La visita de las congresistas estadounidenses volvió a colocar el tema bajo los reflectores, pero también abrió un debate más amplio sobre la legitimidad de las potencias para emitir juicios ambientales cuando los propios registros internacionales las señalan entre las principales responsables de la explotación excesiva de los recursos naturales del planeta.
