**Alcaldesa habría buscado justificar presunto desfalco de 40 millones**
Redacción
EdoMex.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ejerció acción penal contra seis personas, entre ellas la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy “N”, por su presunta participación en la planeación y ejecución de un secuestro simulado ocurrido el pasado 31 de mayo.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la presunta privación ilegal de la libertad habría sido organizada desde febrero de 2026 por la propia alcaldesa, su esposo José Roberto “N” y su cuñado Óscar “N”, con el propósito de exigir un rescate de 40 millones de pesos que presuntamente sería cubierto con recursos del ayuntamiento.
La fiscalía señaló que una de las personas involucradas declaró ante el Ministerio Público que el supuesto secuestro tenía como finalidad justificar un faltante millonario en las finanzas municipales.
“Pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento, ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”, refiere una declaración integrada a la carpeta de investigación.
Según las indagatorias, Óscar “N” contactó a su amigo Cristian “N”, a quien habría ofrecido una compensación económica de 500 mil pesos por participar en el plan. Posteriormente, Cristian involucró a su pareja, Karla Valeria “N”, y al hermano de ésta, Víctor Manuel “N”.
La FGJEM informó que existen registros de comunicación telefónica entre algunos de los presuntos participantes entre abril y junio de este año, periodo en el que se contabilizaron al menos 136 llamadas.
Como parte de las investigaciones, Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N” fueron detenidos el pasado 11 de junio en el estado de Oaxaca durante un operativo conjunto entre autoridades mexiquenses y oaxaqueñas.
Inicialmente, la alcaldesa denunció haber sido interceptada por personas armadas cuando se encontraba afuera de su domicilio en Tenancingo. En su declaración afirmó que fue obligada a subir a un vehículo tras ser amenazada con un arma de fuego.
Sin embargo, la fiscalía indicó que el análisis de videograbaciones, entrevistas y peritajes contradice esa versión. De acuerdo con los resultados de la investigación, no se observaron actos de violencia física, resistencia o sometimiento durante el momento en que la funcionaria abordó el vehículo señalado.
“Las imágenes permiten observar que uno de los probables intervinientes incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo”, señaló la dependencia.
Las autoridades también establecieron que el automóvil utilizado durante los hechos era empleado habitualmente por Karla Valeria “N”, una de las personas detenidas.
La investigación sostiene además que durante el trayecto la alcaldesa realizó llamadas telefónicas a familiares y les pidió que no informaran a las autoridades sobre su situación, a pesar de que ya se había activado un operativo de búsqueda tras el reporte realizado por testigos.
La fiscalía indicó que la propia presidenta municipal habría sugerido rutas para evitar cámaras de vigilancia y utilizó un teléfono celular propiedad de uno de los participantes para comunicarse con su hermana, a quien aseguró que se encontraba bien.
Posteriormente, al percatarse de la movilización policial, Nancy “N” habría expresado a sus acompañantes que “todo se salió de control” y pidió ser dejada en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, desde donde posteriormente solicitó auxilio argumentando haber escapado.
La alcaldesa fue localizada posteriormente por su esposo y por el director de Seguridad Pública Municipal, quienes la trasladaron a su domicilio. Mientras tanto, los demás involucrados abandonaron el Estado de México.
La FGJEM informó que mantiene vigentes órdenes de aprehensión contra José Roberto “N” y Óscar “N”, quienes son considerados prófugos de la justicia.
En el caso de Nancy “N”, la autoridad judicial concedió una audiencia de formulación de imputación por el delito de simulación de secuestro, programada para el próximo 9 de julio. De acuerdo con la legislación aplicable, la sanción podría alcanzar hasta 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
Además, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México recibieron vista del expediente para investigar el presunto desfalco de 40 millones de pesos al erario municipal.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan abiertas para determinar posibles responsabilidades adicionales tanto en el ámbito penal como administrativo.
