– El DHS descarta habilitar almacenes como centros de detención tras invertir 700 millones de dólares.
Redacción / Información Nacional
En un giro radical a la política migratoria delineada por el gobierno del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha cancelado la apertura de siete de los 11 centros de detención proyectados en diversas zonas del país. La decisión, revelada por The New York Times, implica la venta o transferencia de inmuebles adquiridos recientemente por un total de 700 millones de dólares.
El plan original, impulsado bajo la gestión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, contemplaba la compra de almacenes por mil millones de dólares para convertirlos en instalaciones de reclusión para migrantes. El objetivo era ampliar significativamente la capacidad operativa para sostener las promesas de deportaciones masivas.
Sin embargo, la administración bajo el actual secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, ha modificado el rumbo. Mullin ha abogado por un enfoque de control migratorio más reservado, enfrentándose a las complicaciones logísticas y burocráticas que representa establecer una red de esta magnitud a corto plazo.
Resistencias legales, políticas y sociales
La cancelación de los siete centros responde a una serie de obstáculos imprevistos que complicaron el desarrollo del proyecto.
1. Demandas ambientales: La Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) obliga a las agencias federales a evaluar el impacto de sus proyectos. El cambio de uso de suelo —de instalaciones logísticas a centros de reclusión— detonó múltiples litigios por presuntos daños al entorno local.
2. Costos exponenciales: Un informe del inspector general reveló que la adquisición de algunos almacenes superó los 145 millones de dólares por propiedad, una cifra que no incluía los millones adicionales necesarios para la remodelación y adecuación de seguridad y servicios básicos.
3. Oposición bipartidista: El rechazo a las instalaciones no provino exclusivamente de sectores progresistas. Comunidades en zonas conservadoras también expresaron su descontento, temiendo presiones sobre los servicios públicos locales, impactos negativos en la economía y la posibilidad de protestas recurrentes. Incluso representantes republicanos enviaron misivas al DHS manifestando su rechazo a la instalación de estos centros en sus distritos.
«La realidad de crear un nuevo sistema de detención ha resultado compleja, al igual que las promesas de deportaciones masivas han chocado con la complicada burocracia que conlleva intentar expulsar a un gran número de personas», apuntó The New York Times en su análisis de la situación.
El caso de Nueva Jersey
Uno de los inmuebles descartados es el almacén ubicado en Roxbury, Nueva Jersey. La gobernadora demócrata de la entidad, Mikie Sherrill, celebró la decisión, calificándola como un triunfo para la seguridad pública estatal y local.
El gobierno estatal había presentado una demanda contra el DHS para frenar el proyecto. «Los planes siempre fueron ilegales: el almacén de Roxbury es un centro logístico diseñado para el manejo de paquetes, no para miles de personas, y no contribuía en absoluto a la seguridad de Nueva Jersey», declaró Sherrill a través de la plataforma X.
John Fabbricatore, exasesor sénior en temas de inmigración durante la administración de Trump, reconoció que la compra apresurada de almacenes fue una estrategia de vía rápida diseñada para ejecutar el plan de deportaciones masivas, una táctica que finalmente se ha topado con la realidad operativa.
Mientras el DHS define el futuro de las siete propiedades descartadas que podrían ser vendidas al sector privado o transferidas a otras agencias federales, ICE mantendrá los cuatro inmuebles restantes para continuar con su adecuación, en lo que representa un ajuste sustancial a la política de detención de la actual administración.
